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SuscríbaseDesde el 2005, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, algunas empresas decidieron cerrar, luego de que se implementara la expropiación como política de Estado para impulsar el modelo productivo del socialismo del siglo XXI.
Luego, en el año 2013, cuando Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela y los precios del petróleo empezaron a caer significativamente, decenas de empresas nacionales e internacionales se vieron obligadas a vender, reducir o cerrar sus operaciones con el fin de evitar el golpe de la crisis financiera más dura que ha azotado al país.
Es así como en doce años, 1.359 empresas pasaron a manos del Estado por medio de la confiscación, expropiación y confiscación, según el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).
A fines de julio, el actual presidente de Venezuela reconoció la responsabilidad del propio gobierno con respecto a la grave crisis económica que atraviesa el país. “Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado”, señaló Maduro.
Para Ana María Carrasquero, investigadora del observatorio de Cedice, esta situación es una consecuencia de la política de Estado anunciada por Chávez en el 2005.
“Nada de esto fue al alzar. Lo anunció Chávez en 2005 como política de Estado y ello se ha traducido en la destrucción del tejido empresarial del país”, dijo en entrevista con Diario Financiero de Chile.
Asimismo, la experta considera que la caída de la producción da cuenta de “una política de ataque sistemático” en contra del derecho de propiedad.
En esa línea, estima que para el gobierno ha sido prioridad acabar con el aparato productivo para someter a la población. “Especialmente con Maduro, hay una política de control a través del hambre”.
La crisis se agrava aún más cuando las empresas estatales y las nacionalizadas pasan a convertirse en “una pérdida patrimonial”, ya que se paga por la estatización, pero una vez en manos del gobierno terminan siendo incapaces de generar, de manera eficaz, productos para el mercado interno.
“Hubo una época en que arremetieron en contra de los centrales azucareros. Hoy todos están en manos del Estado, pero no consigues azúcar por ningún lado. Lo mismo con el café. En 2009, se tomaron todas las plantas procesadoras y ahora no se consigue el producto o se encuentra a precios exorbitantes”, relató Carrasquero.
DEMANDAS AL GOBIERNO
El gobierno venezolano ha intervenido más de 60 empresas multinacionales, lo que ha desatado una serie de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Desde el año 2000, Venezuela ha sido demandada 44 veces, según datos del observatorio de Cedice. A la fecha, quedan 21 causas pendientes en el tribunal que se traducirán en mayores pérdidas para el país.
Solo quedaría un 25% de las compañías que estaban establecidas cuando llegó el gobierno, señala Carrasquero. “Las que quedan, que por lo general son tradición del país, están esperando por ‘el día después’”.
Estas empresas, actualmente, sobreviven a un control cambiario que tiene quince años y que dificulta la repatriación de capitales y el acceso a la materia prima; a la ley de precios justos que define un tope máximo de un 30% de las ganancias; a la hiperinflación, y a una ley del trabajo que refuerza el ausentismo laboral.
“Muchas no soportan las condiciones y deciden irse; entre ellas las líneas aéreas que nos han dejado virtualmente aislados del mundo”, puntualizó Carrasquero.
