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Una resolución que favorece el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina fue rechazada por organismos humanitarios y dirigentes opositores, e incluso abrió una grieta en el seno de la coalición del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri.

A través de la resolución 956, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, derogó una serie de pautas que limitaban el uso de las armas de fuego en las distintas fuerzas federales de seguridad.

En el caso de los policías, la nueva norma dispone que se utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos” pero que podrán disparar sin dar la voz de alto y sin sufrir agresión previa.

El uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” sostiene el nuevo reglamento.

“Ahora podrán tirar cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba”, justificó el martes Bullrich, quien salió políticamente fortalecida por el exitoso operativo de seguridad durante la Cumbre de presidentes del G20.

“Les damos armas [a los agentes] y en una situación de peligro inminente no las pueden usar”, se lamentó la ministra, cuyo nombre comienza a barajar como compañera de fórmula de Macri para las presidenciales de 2019.

Al anunciar la nueva normativa, el Ministerio de Seguridad criticó las normativas anteriores que limitaban el uso de armas de fuego para los gendarmes, prefectos y policías federales.

“Esta resolución es una trampa para [captar votos en las] elecciones porque la policía no puede pasar por arriba de las leyes. Si cometen un delito de ‘gatillo fácil’, van a ir presos. Pero, el gobierno aparece colocándose del lado de la policía y de las víctimas [de la delincuencia] y empuja a la oposición a colocarse del lado de los delincuentes”, opinó el analista Raúl Timerman, del Grupo de Opinión Pública, a Radio 10.

La inseguridad está entre las mayores preocupaciones de los argentinos pero por detrás de los temas económicos como la inflación y el desempleo, según sondeos.

Sin embargo, Argentina exhibe una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, con 6 por cada 100.000 habitantes en 2016, solo por encima de Chile (3,3 por cada 100.000 habitantes) y Ecuador (5,8 por cada 100.000 habitantes), de acuerdo con la revista especializada Insight Crime.

Amnistía Internacional Argentina llamó este miércoles al gobierno de Macri a revisar la polémica resolución, “en tanto representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos”, señaló en un comunicado.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat estimó “anticonstitucional” la nueva normativa policial. El juez capitalino Roberto Gallardo prohibió este miércoles la aplicación del nuevo protocolo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

“Ya están pensando que el policía se va a poner el cuchillo entre los dientes y va a salir a matar“, ironizó el jefe de la Policía federal, Néstor Roncaglia.

En un país donde aún está fresco en la memoria la ferocidad represiva del Estado durante la última dictadura (1976-1983) que dejó 30.000 desaparecidos, se multiplicaron las voces en rechazo, tanto de la oposición como de organizaciones de derechos humanos.

“Bullrich quiere imitar patéticamente a Jair Bolsonaro”, el presidente electo de Brasil, sostuvo la legisladora Myriam Bregman (izquierda).

El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió que “se van a incrementar la cantidad de muertos en situaciones conflictivas. Es preocupante la decisión de Bullrich y Macri, aumenta la violencia institucional”.

Carlos Rozanski, exjuez del Tribunal Oral de La Plata (sur) que llevó adelante varios juicios por crímenes de lesa humanidad, denunció ante la justicia a la ministra de Seguridad por presunto “abuso de autoridad”.

“Acá se habilita a algo que el Código Penal no avala: es el asesinato por la espalda que es un crimen en la Constitución Nacional que prohíbe la pena de muerte”, declaró Rozanski a Somos Radio.

– Minicrisis –

De su lado, la influyente diputada Elisa Carrió, abrió una grieta en el seno del bloque oficialista.

“La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, tuiteó la máxima dirigente de una de las fuerzas de la coalición de gobierno Cambiemos.

Con información de AFP