Andy Forex
20-07-2018, 06:06 PM
Nicaragua celebró ayer el aniversario número 39 desde que una revolución puso fin a la brutal dictadura de Anastasio Somoza, pero, para muchos, el país no ha dejado atrás la represión.
La nación centroamericana de más de seis millones de personas lleva tres meses sumida en una dura crisis política, con miles de ciudadanos exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega, un exguerrillero de 72 años que lleva once años consecutivos en el poder.
Las protestas, que iniciaron el 18 de abril en contra de una reforma al sistema de pensiones, se han extendido por todo el territorio y ampliado su foco. Entre las demandas están el control estatal de los medios de comunicación, las sospechas de fraude electoral, la manipulación de la justicia, la corrupción y la presunta intención de Ortega de instalar una “dictadura familiar” de la mano de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Y la respuesta de la autoridad ha sido violenta: más de 350 personas han muerto en manifestaciones y enfrentamientos con fuerzas paramilitares leales al gobierno.
La complicada situación ha golpeado la economía, que en mayo se contrajo un 4,9%, según informó esta semana el banco central. Se trata de la mayor caída desde los coletazos que trajo la crisis financiera mundial hace una década. El año pasado, el país había logrado el mayor crecimiento económico de la región después de Panamá, cuando su Producto Interno Bruto creció casi 5%.
Desde que estalló la revuelta, hoteles, restaurantes y otras empresas han cerrado sus puertas. Incluso el icónico resort cinco estrellas de Mukul, perteneciente al hombre más rico del país, Carlos Pellas, dejó de funcionar mientras cada vez más reservas eran canceladas.
Aferrarse al poder
Ortega gobernó el país entre 1985 y 1990, y luego desde 2007 a la fecha. El año pasado, ganó la reelección con más de 70% de los votos. Es aliado de los gobiernos de izquierda en Cuba y Venezuela. Y, al igual que en esos países, se ha negado a escuchar las voces que piden que convoque a elecciones de emergencia.
Entre esas voces está la del expremio Nobel de la Paz Óscar Arias, quien dijo en una entrevista al periódico costarricense La Nación que el gobernante se ha convertido en un dictador. “Ortega se aferra al poder. Los dictadores se aferran al poder”, sostuvo.
Agregó: “Si no se va, el país va a llegar a parecerse cada vez más a la Venezuela que hoy conocemos”.
Por su parte, Erick Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas -un think tank en Washington-, dijo a Bloomberg que “esta es una situación que empeorará antes de que mejore”. Agregó que los intentos del Ejecutivo de “reprimir la disidencia pacífica mediante la violencia y el rechazo de una elección anticipada es un indicio de que intentará mantenerse en el poder tanto como pueda”.
El miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los abusos contra los Derechos Humanos y llamó a convocar a nuevas elecciones. Pero Ortega no da señales de ceder.
La nación centroamericana de más de seis millones de personas lleva tres meses sumida en una dura crisis política, con miles de ciudadanos exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega, un exguerrillero de 72 años que lleva once años consecutivos en el poder.
Las protestas, que iniciaron el 18 de abril en contra de una reforma al sistema de pensiones, se han extendido por todo el territorio y ampliado su foco. Entre las demandas están el control estatal de los medios de comunicación, las sospechas de fraude electoral, la manipulación de la justicia, la corrupción y la presunta intención de Ortega de instalar una “dictadura familiar” de la mano de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Y la respuesta de la autoridad ha sido violenta: más de 350 personas han muerto en manifestaciones y enfrentamientos con fuerzas paramilitares leales al gobierno.
La complicada situación ha golpeado la economía, que en mayo se contrajo un 4,9%, según informó esta semana el banco central. Se trata de la mayor caída desde los coletazos que trajo la crisis financiera mundial hace una década. El año pasado, el país había logrado el mayor crecimiento económico de la región después de Panamá, cuando su Producto Interno Bruto creció casi 5%.
Desde que estalló la revuelta, hoteles, restaurantes y otras empresas han cerrado sus puertas. Incluso el icónico resort cinco estrellas de Mukul, perteneciente al hombre más rico del país, Carlos Pellas, dejó de funcionar mientras cada vez más reservas eran canceladas.
Aferrarse al poder
Ortega gobernó el país entre 1985 y 1990, y luego desde 2007 a la fecha. El año pasado, ganó la reelección con más de 70% de los votos. Es aliado de los gobiernos de izquierda en Cuba y Venezuela. Y, al igual que en esos países, se ha negado a escuchar las voces que piden que convoque a elecciones de emergencia.
Entre esas voces está la del expremio Nobel de la Paz Óscar Arias, quien dijo en una entrevista al periódico costarricense La Nación que el gobernante se ha convertido en un dictador. “Ortega se aferra al poder. Los dictadores se aferran al poder”, sostuvo.
Agregó: “Si no se va, el país va a llegar a parecerse cada vez más a la Venezuela que hoy conocemos”.
Por su parte, Erick Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas -un think tank en Washington-, dijo a Bloomberg que “esta es una situación que empeorará antes de que mejore”. Agregó que los intentos del Ejecutivo de “reprimir la disidencia pacífica mediante la violencia y el rechazo de una elección anticipada es un indicio de que intentará mantenerse en el poder tanto como pueda”.
El miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó los abusos contra los Derechos Humanos y llamó a convocar a nuevas elecciones. Pero Ortega no da señales de ceder.