carlos10
06-09-2018, 09:19 PM
La Asamblea Nacional rechazó las violaciones de los derechos humanos, y libertad de expresión de los presos y perseguidos políticos por parte del gobierno y, de acuerdo con los parlamentarios, se ha evidenciado un incremento de la persecución política contra legisladores y trabajadores de medios de comunicación.
Juan Miguel Matheus, diputado y secretario nacional de doctrina de Primero Justicia, denunció que existe una “persecución potencial” en contra de miembros del Parlamento y ciudadanos que se oponen al gobierno. “En Venezuela no solo hay presos políticos, sino que Venezuela es un país preso. Es una celda que oprime a un pueblo y el carcelero es Nicolás Maduro”, expresó.
En la sesión de la Comisión Delegada, el parlamentario reiteró que el hostigamiento contra diputados y demás civiles es una agresión a los derechos humanos. “Nicolás Maduro está incurriendo en un hecho que en el Estatuto de Roma se denomina ataque sistemático de violación de derechos humanos a amplios sectores de la población que lo adversan. No solo políticos, pero que lo adversan”, señaló.
Matheus exhortó al Poder Legislativo a solidarizarse con Julio Borges, ex presidente de la AN, que se encuentra en el exilio. “El régimen de Maduro tiene un proyecto que significa haberlo despojado de su inmunidad parlamentaria, despojarlo del privilegio del antejuicio de mérito, haberlo juzgado en ausencia y sin derecho a la defensa, y sentenciarlo. Pero, además, pretende activar los mecanismos de extradición para traerlo de regreso a Venezuela y colocarlo también en una mazmorra. Ese es el proyecto del gobierno hoy contra Julio Borges, y contra cualquier diputado o venezolano que luche desde el extranjero por la causa de la libertad en Venezuela”, expresó.
No hay pruebas. La vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, recordó las violaciones de los derechos humanos del diputado Juan Requesens. “No solo se trata de que Juan Requesens tiene 29 días secuestrado en las mazmorras del Sebin. Hemos visto detenciones arbitrarias contra trabajadores de la prensa y quiero referirme específicamente al caso del reportero gráfico Jesús Medina, quien fue detenido luego de realizar unos trabajos de investigación en compañía de algunos periodistas extranjeros”.
Solórzano desmontó los delitos que se le imputan al reportero gráfico de Dólar Today. En cuanto a las acusaciones por legitimación de capitales alegó que, al ser un periodista que trabaja de manera independiente, Medina recibía su pago en divisas. “Aquí se anuló la Ley de ilícitos cambiarios, pero en un país sin Estado de Derecho, donde se supone que Maduro ha dicho que esa ley no está vigente y el salario presuntamente es medio dólar, un reportero gráfico no puede recibir pago en dólares porque dicen que es legitimación de capitales”.
En cuanto al delito de asociación para delinquir, explicó que el periodista realizaba un trabajo de investigación junto con reporteros extranjeros. “Estaba asociado con otros reporteros para tomar fotos de la realidad que vive Venezuela. Es evidente que no hay ningún delito aquí”.
Destacó que la primera prueba incriminatoria que se presentó en tribunales fue el teléfono celular de Medina. “Un celular que está en manos del Sebin, cuya data aún no ha sido vaciada en el expediente y en el que no había nada más que fotos de lo que vive el venezolano de a pie. En consecuencia, no puede ser prueba de nada”, aseguró.
Juan Miguel Matheus, diputado y secretario nacional de doctrina de Primero Justicia, denunció que existe una “persecución potencial” en contra de miembros del Parlamento y ciudadanos que se oponen al gobierno. “En Venezuela no solo hay presos políticos, sino que Venezuela es un país preso. Es una celda que oprime a un pueblo y el carcelero es Nicolás Maduro”, expresó.
En la sesión de la Comisión Delegada, el parlamentario reiteró que el hostigamiento contra diputados y demás civiles es una agresión a los derechos humanos. “Nicolás Maduro está incurriendo en un hecho que en el Estatuto de Roma se denomina ataque sistemático de violación de derechos humanos a amplios sectores de la población que lo adversan. No solo políticos, pero que lo adversan”, señaló.
Matheus exhortó al Poder Legislativo a solidarizarse con Julio Borges, ex presidente de la AN, que se encuentra en el exilio. “El régimen de Maduro tiene un proyecto que significa haberlo despojado de su inmunidad parlamentaria, despojarlo del privilegio del antejuicio de mérito, haberlo juzgado en ausencia y sin derecho a la defensa, y sentenciarlo. Pero, además, pretende activar los mecanismos de extradición para traerlo de regreso a Venezuela y colocarlo también en una mazmorra. Ese es el proyecto del gobierno hoy contra Julio Borges, y contra cualquier diputado o venezolano que luche desde el extranjero por la causa de la libertad en Venezuela”, expresó.
No hay pruebas. La vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, recordó las violaciones de los derechos humanos del diputado Juan Requesens. “No solo se trata de que Juan Requesens tiene 29 días secuestrado en las mazmorras del Sebin. Hemos visto detenciones arbitrarias contra trabajadores de la prensa y quiero referirme específicamente al caso del reportero gráfico Jesús Medina, quien fue detenido luego de realizar unos trabajos de investigación en compañía de algunos periodistas extranjeros”.
Solórzano desmontó los delitos que se le imputan al reportero gráfico de Dólar Today. En cuanto a las acusaciones por legitimación de capitales alegó que, al ser un periodista que trabaja de manera independiente, Medina recibía su pago en divisas. “Aquí se anuló la Ley de ilícitos cambiarios, pero en un país sin Estado de Derecho, donde se supone que Maduro ha dicho que esa ley no está vigente y el salario presuntamente es medio dólar, un reportero gráfico no puede recibir pago en dólares porque dicen que es legitimación de capitales”.
En cuanto al delito de asociación para delinquir, explicó que el periodista realizaba un trabajo de investigación junto con reporteros extranjeros. “Estaba asociado con otros reporteros para tomar fotos de la realidad que vive Venezuela. Es evidente que no hay ningún delito aquí”.
Destacó que la primera prueba incriminatoria que se presentó en tribunales fue el teléfono celular de Medina. “Un celular que está en manos del Sebin, cuya data aún no ha sido vaciada en el expediente y en el que no había nada más que fotos de lo que vive el venezolano de a pie. En consecuencia, no puede ser prueba de nada”, aseguró.