SuperPip
26-11-2014, 09:35 PM
La Comisión Europea (CE) anunció hoy que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por el trato fiscal discriminatorio aplicado a las inversiones en sociedades no residentes.
El Ejecutivo comunitario también pidió a España, en un proceso paralelo, que comunique en el plazo de dos meses si ha tomado las medidas necesarias para adaptar su legislación a la directiva europea sobre gestores de fondos de inversión alternativa.
En relación al primer caso, la Comisión explica en un comunicado que su objetivo es garantizar que la legislación española en materia de tributación de las inversiones en sociedades no residentes se ajusta al derecho de la UE.
La normativa española aplica un tratamiento fiscal más gravoso para los dividendos de origen extranjero (los distribuidos por una sociedad no residente a una sociedad española) que para los de origen nacional (distribuidos por sociedades residentes en España).
Bruselas explica que en consecuencia, para poder acogerse al beneficio fiscal, una sociedad española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones que si lo hace en una sociedad nacional, por ejemplo, en relación con el volumen de ingresos y el nivel de participación de los accionistas.
Asimismo detalla que el beneficio fiscal previsto en relación con los dividendos de origen nacional no se aplica a los dividendos de origen extranjero.
La CE ha decidido referir el caso ante la máxima instancia judicial española después de enviar en junio de 2013 un requerimiento a España en forma de dictamen motivado, en el que se instaba al país a modificar sus disposiciones fiscales sobre las inversiones en sociedades no residentes.
El Ejecutivo de la UE considera que estas disposiciones españolas vulneran el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, el suministro transfronterizo de bienes y la libre circulación de capitales previstos en los Tratados de la UE.
En vista de que no se ha modificado la normativa, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.
En cuanto al segundo caso, la CE señala que su petición de información afecta a España, pero también a Letonia y Polonia, ya que ninguno de estos países aplica por completo la directiva europeas sobre gestores de fondos de inversión alternativa.
Bruselas recuerda que esta normativa europea pretende hacer más transparentes las actividades de los gestores para inversores y autoridades públicas.
En el caso de España, la CE envió un aviso al país el 22 de julio de 2013 pero, ante la falta de una respuesta satisfactoria, ha decidido hoy insistir de nuevo.
El Ejecutivo comunitario también pidió a España, en un proceso paralelo, que comunique en el plazo de dos meses si ha tomado las medidas necesarias para adaptar su legislación a la directiva europea sobre gestores de fondos de inversión alternativa.
En relación al primer caso, la Comisión explica en un comunicado que su objetivo es garantizar que la legislación española en materia de tributación de las inversiones en sociedades no residentes se ajusta al derecho de la UE.
La normativa española aplica un tratamiento fiscal más gravoso para los dividendos de origen extranjero (los distribuidos por una sociedad no residente a una sociedad española) que para los de origen nacional (distribuidos por sociedades residentes en España).
Bruselas explica que en consecuencia, para poder acogerse al beneficio fiscal, una sociedad española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones que si lo hace en una sociedad nacional, por ejemplo, en relación con el volumen de ingresos y el nivel de participación de los accionistas.
Asimismo detalla que el beneficio fiscal previsto en relación con los dividendos de origen nacional no se aplica a los dividendos de origen extranjero.
La CE ha decidido referir el caso ante la máxima instancia judicial española después de enviar en junio de 2013 un requerimiento a España en forma de dictamen motivado, en el que se instaba al país a modificar sus disposiciones fiscales sobre las inversiones en sociedades no residentes.
El Ejecutivo de la UE considera que estas disposiciones españolas vulneran el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, el suministro transfronterizo de bienes y la libre circulación de capitales previstos en los Tratados de la UE.
En vista de que no se ha modificado la normativa, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.
En cuanto al segundo caso, la CE señala que su petición de información afecta a España, pero también a Letonia y Polonia, ya que ninguno de estos países aplica por completo la directiva europeas sobre gestores de fondos de inversión alternativa.
Bruselas recuerda que esta normativa europea pretende hacer más transparentes las actividades de los gestores para inversores y autoridades públicas.
En el caso de España, la CE envió un aviso al país el 22 de julio de 2013 pero, ante la falta de una respuesta satisfactoria, ha decidido hoy insistir de nuevo.