SuperPip
02-12-2014, 04:26 AM
El Gobierno de Puerto Rico apuraba hoy sus últimos recursos para tratar de lograr los apoyos necesarios para una subida del 68 % en el impuesto a los combustibles con la que pretende obtener liquidez y respaldar una nueva emisión de deuda.
En la Cámara de Representantes necesita 26 de los 28 votos de la delegación del gobernante Partido Popular Democrático, pero hasta el momento tres de sus integrantes insisten en votar en contra, mientras que Luisa Gándara, esposa del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, ha decidido abstenerse.
Ante la posibilidad de que el proyecto del gobernador Alejandro García Padilla fuera aprobado hoy, algo que finalmente no ha sido posible por lo que se seguirá negociando mañana, unas 200 personas se manifestaron esta mañana frente al Legislativo.
Protestaban por el pretendido aumento del 68 % del arbitrio que se impone al combustible, una subida que a nivel local ha sido bautizada como "la crudita".
García Padilla justificó la iniciativa como la única manera de obtener de forma inmediata fondos para hacer frente a las necesidades de efectivo más inminentes de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).
De estas sociedades dependen el tren que recorre el área metropolitana de San Juan y la empresa de autobuses, entre otros servicios de transporte.
El coordinador del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Luis Pedraza Leduc, aseguró a Efe que la ACT "sí tiene dinero para operar".
"Se ha creado una crisis artificial al decir que no hay dinero cuando sí hay dinero. Se creó una mentira para que el pueblo acepte un impuesto más", dijo Pedraza, quien estuvo respaldado por miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Puertorriqueño de Trabajadores y otras organizaciones.
La senadora y vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, criticó a García Padilla por "desligarse" de las prioridades del pueblo y tratar de impulsar una subida de impuestos para asignar hasta casi 100 millones de dólares para obras como la remodelación de parques, pistas de patinaje y hasta de un hotel boutique en la isla.
Para tratar de presionar a los legisladores para que apoyaran la subida, el gobernador había amenazado con cancelar desde hoy el transporte público en el área metropolitana de San Juan alegando que no había dinero para pagar las nóminas y mantener operativas las compañías estatales de ese sector.
Sin embargo, y después de que las autoridades federales amenazaran con retirar las ayudas que reciben esas compañías, García Padilla se retractó el domingo afirmando que ya contaban con todos los apoyos necesarios en el Legislativo para aprobar la subida del citado impuesto.
En un mensaje a la ciudadanía explicó que la subida forma parte de un plan para "poner al día" las compañías públicas y que un ajuste entre gastos e ingresos es la única manera de que estas puedan pagar sus deudas al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y evitar así el colapso de las finanzas de Puerto Rico.
Su intención era recaudar unos 178 millones de dólares adicionales cada año que le ayudaran a sanear económicamente esas entidades y así aliviar en parte la crisis fiscal que atraviesa la isla desde hace ocho años y que es la más dura de las últimas siete décadas.
En la Cámara de Representantes necesita 26 de los 28 votos de la delegación del gobernante Partido Popular Democrático, pero hasta el momento tres de sus integrantes insisten en votar en contra, mientras que Luisa Gándara, esposa del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, ha decidido abstenerse.
Ante la posibilidad de que el proyecto del gobernador Alejandro García Padilla fuera aprobado hoy, algo que finalmente no ha sido posible por lo que se seguirá negociando mañana, unas 200 personas se manifestaron esta mañana frente al Legislativo.
Protestaban por el pretendido aumento del 68 % del arbitrio que se impone al combustible, una subida que a nivel local ha sido bautizada como "la crudita".
García Padilla justificó la iniciativa como la única manera de obtener de forma inmediata fondos para hacer frente a las necesidades de efectivo más inminentes de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).
De estas sociedades dependen el tren que recorre el área metropolitana de San Juan y la empresa de autobuses, entre otros servicios de transporte.
El coordinador del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Luis Pedraza Leduc, aseguró a Efe que la ACT "sí tiene dinero para operar".
"Se ha creado una crisis artificial al decir que no hay dinero cuando sí hay dinero. Se creó una mentira para que el pueblo acepte un impuesto más", dijo Pedraza, quien estuvo respaldado por miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Puertorriqueño de Trabajadores y otras organizaciones.
La senadora y vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, criticó a García Padilla por "desligarse" de las prioridades del pueblo y tratar de impulsar una subida de impuestos para asignar hasta casi 100 millones de dólares para obras como la remodelación de parques, pistas de patinaje y hasta de un hotel boutique en la isla.
Para tratar de presionar a los legisladores para que apoyaran la subida, el gobernador había amenazado con cancelar desde hoy el transporte público en el área metropolitana de San Juan alegando que no había dinero para pagar las nóminas y mantener operativas las compañías estatales de ese sector.
Sin embargo, y después de que las autoridades federales amenazaran con retirar las ayudas que reciben esas compañías, García Padilla se retractó el domingo afirmando que ya contaban con todos los apoyos necesarios en el Legislativo para aprobar la subida del citado impuesto.
En un mensaje a la ciudadanía explicó que la subida forma parte de un plan para "poner al día" las compañías públicas y que un ajuste entre gastos e ingresos es la única manera de que estas puedan pagar sus deudas al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y evitar así el colapso de las finanzas de Puerto Rico.
Su intención era recaudar unos 178 millones de dólares adicionales cada año que le ayudaran a sanear económicamente esas entidades y así aliviar en parte la crisis fiscal que atraviesa la isla desde hace ocho años y que es la más dura de las últimas siete décadas.