La deuda no bajará al 60 % del PIB hasta dentro de 20 años, según la AIReF

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La deuda de España no bajará al 60 % del PIB hasta dentro de 20 años, por lo que no cumplirá este objetivo que establece la ley de Estabilidad Presupuestaria para 2020, ha advertido hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El director general de la AIReF, Carlos Cuerpo, ha presentado hoy el nuevo Observatorio de Deuda española que calculará trimestralmente el esfuerzo que tienen que hacer las comunidades autónomas para pagar la deuda pública, tanto la regional como la del conjunto de las Administraciones Públicas.

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Según esta plataforma, que toma como indicadores diferentes situaciones macroeconómicas y fiscales, hasta 2036 la deuda pública no se situará en el entorno del 60 % del PIB, aunque valora que se vaya a estabilizar en el 100 % a partir de 2018.

Cuerpo ha dicho que la AIReF no considera que el 100 % sea una deuda sostenible y mantiene su preocupación por el elevado endeudamiento, que alcanzó el 100,5 % del PIB en el segundo trimestre, aunque explica que la tendencia es decreciente y "este es el criterio que hay que tener en cuenta".

"La dinámica en los últimos años ha sido bastante elevada, pero las proyecciones que hemos realizado dan escenarios de reducción y de estabilidad de la deuda", ha añadido.

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Según el Observatorio de la AIReF, en 2036 la deuda pública española alcanzaría el 60 % del PIB, la de la administración general del Estado y de la Seguridad Social el 44 % y la de las autonomías el 13 %.

Sin embargo, en cuatro Comunidades Autónomas (Castilla- La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana) el nivel de referencia del 13 % del PIB, que marca la ley de Estabilidad Presupuestaria, no se logrará hasta 2040.

Los primeros cálculos del Observatorio publicados hoy muestran que Extremadura es la comunidad que precisa más días de trabajo por habitante para devolver la deuda total (484 días), seguida de Castilla-La Mancha (482 días), Comunidad Valenciana (464), Andalucía (456 días) y Murcia (446).

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En el lado opuesto, la Comunidad de Madrid requiere 255 días de trabajo por persona, mientras que en el País Vasco tendrían que dedicar 264 días de trabajo y en la Comunidad Foral de Navarra, 292 días.

Teniendo en cuenta el esfuerzo de las autonomías para pagar solo su propia deuda, la Comunidad Valenciana es la que necesita más días de jornada laboral (154), seguida de Castilla-La Mancha (132), Cataluña (131) y las Islas Baleares (112).

Por el contrario, Madrid y País Vasco, necesitarían solo 53 días de trabajo por habitante para pagar su deuda, seguidas de Canarias (57 días), La Rioja y Asturias (66 días ambas), Navarra (67 días) y Galicia (68 días).

El esfuerzo que debe hacer cada autonomía para pagar su deuda o la deuda total depende del PIB y de la población relativa de cada región.

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Las autonomías que más han incrementado los días necesarios para pagar la deuda pública total desde 2007 a 2016 han sido Castilla-La Mancha, con un alza de 330 días; Murcia, con un incremento de 307; y Extremadura, con 306 más.

En sentido contrario, Madrid ha sido la autonomía en la que menos ha aumentado en los últimos 9 años el esfuerzo por habitante para afrontar el pago de la deuda pública total, ya que solo ha sumado 154 días más.

La situación es similar en el País Vasco, que ha añadido 174 días, y en la Comunidad Foral de Navarra, con 190 días más.

La AIReF pronostica que la deuda del conjunto de las administraciones públicas cerrará 2016 en el 100,5 % del PIB frente al 99,1 % pronosticado por el Gobierno en funciones, y bajará al 100,2 % en 2017.

En 2018, prevé una deuda pública del 99,9 % del PIB, 2 puntos más que la calculada por el Ejecutivo.

En cuanto al coste financiero de las autonomías para hacer frente al pago de su deuda, el Observatorio señala que la Comunidad Foral de Navarra paga un tipo de interés del 2,9 % sin necesidad de financiarse a través del FLA ni de ningún otro mecanismo proporcionado por el Estado.

Madrid tiene un coste financiero del 2,5 %, y el 6,6 % de su deuda registrada hasta el segundo trimestre de 2016 fue financiada por el Estado, mientras que Galicia y Aragón pagan un 2,3 % de interés y financian el 19,1 % y el 26,8 % de su deuda a través del FLA u otros mecanismos.