El PE se posicionará el lunes sobre la suspensión de fondos a España

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El Parlamento Europeo (PE) se posicionará este lunes sobre la posible suspensión de fondos estructurales a España por incumplir el déficit, un procedimiento inédito en la Unión Europea (UE) que presenta muchas incógnitas y que podría suponer la congelación de hasta un 20 % de los compromisos de 2017.

La Eurocámara y la Comisión Europea (CE) abordarán el asunto en una audiencia pública que reunirá a dos comisiones parlamentarias -Asuntos Económicos y Desarrollo Regional-, al vicepresidente de la CE para Empleo, Jyrki Katainen, y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, en la sesión plenaria de Estrasburgo.

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Tras la audiencia, que durará alrededor de dos horas y media, los coordinadores de las comisiones se reunirán a puerta cerrada para evaluar el debate y decidir si emiten una recomendación a la CE o ven necesaria una nueva reunión, un paso que podrían no dar hasta el jueves, cuando se reúnen los presidentes de los grupos políticos con el presidente de la institución, Martin Schulz.

La audiencia pública es el primer paso en el "diálogo estructurado" que establece el procedimiento de déficit excesivo, sobre el que no hay ningún precedente y del que no hay una pauta clara, ni en términos de plazos ni en las cifras.

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Según varias fuentes parlamentarias consultadas por Efe, el procedimiento "no está claro". Solo está establecido que el diálogo es consultivo, por lo que el PE puede emitir una recomendación y la decisión final corresponde a la CE.

Sin embargo, la opinión del PE tiene una gran importancia puesto que puede sentar un precedente y, según las fuentes, no se entendería que la CE tomara una decisión "contraria" a la postura de la Eurocámara.

El PE ya se pronunció en contra de ligar el déficit excesivo con medidas como la suspensión de los fondos estructurales cuando se aprobó el reglamento.

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Por el momento, la izquierda -Socialistas y Demócratas, Izquierda Unitaria y Los Verdes- se ha posicionado claramente en contra de imponer sanciones a España y a Portugal.

"No tendría ninguna lógica imponer más recortes a España ni a Portugal puesto que esto tendría un efecto negativo en la fiscalidad y dificultaría la reducción del déficit", subrayó a Efe la parlamentaria portuguesa Marisa Matias.

Matias dijo esperar que la CE "tome una decisión creíble" y consideró que "no hay suficiente transparencia" sobre el procedimiento

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Los socialistas se han mostrado también "contrarios a la imposición de recortes" y Los Verdes han tildado de "absurda" la idea de "castigar el gasto regional", por lo que consideran que "la CE debería eliminar este aspecto de su legislación".

Por su parte, los populares -mayoría en la Eurocámara- han afirmado que "aún es pronto" para establecer una posición de grupo.

Los liberales abogaron, ya cuando España se libró de la multa en julio, por aplicar "sanciones simbólicas

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La decisión va a alimentar el euroescepticismo en los países que siguen las normas; hubiéramos preferido una pequeña multa pero simbólica, para mandar un claro mensaje político a los gobiernos de que las normas fiscales tienen que tomarse en serio", defendieron.

En la práctica, la suspensión de compromisos presupuestarios -el importe máximo de pagos a los que se puede comprometer la Unión Europea en un periodo- podría suponer una reducción de la financiación de programas de empleo, agrícolas y regionales, entre otros.

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La UE libró en julio definitivamente a España de una multa por haber incumplido los objetivos de reducción del déficit, pero instó al país a actuar de manera decisiva para reducir su déficit por debajo del 3 % en los próximos dos años, hasta 2018.

Para ello, tendría que llevar a cabo un ajuste de 10.000 millones de euros en los dos próximos ejercicios