Empleo y agentes sociales evalúan el día 22 el plan de activación para empleo

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El Ministerio de Empleo ha convocado a los sindicatos y la patronal a la mesa de diálogo social el próximo día 22 de marzo para evaluar y mejorar el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que incluye ayudas de 426 euros mensuales para los parados de larga duración con cargas familiares.

Lo ha avanzado el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Senado, en la que ha explicado que la ministra Fátima Báñez trabaja con los interlocutores sociales en la mejora de la protección por desempleo en el marco del diálogo social, que tiene el objetivo de elaborar un plan de choque por el empleo.

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En ese contexto se celebrará la semana que viene una reunión para evaluar los resultados del PAE, que se puso en marcha en 2015 con el acuerdo de los interlocutores sociales y que está prorrogado hasta el próximo 15 de abril.

Previsiblemente en esa reunión se hablará de la posibilidad de volver a prorrogar un programa dirigido a desempleados con dificultades de acceso al mercado de trabajo y con cargas familiares, y dotado con una prestación económica que puede compatibilizarse con un trabajo por cuenta ajena.

La prórroga del programa fue decidida por el Gobierno cuando aún estaba en funciones y entonces Báñez aseguró estar dispuesta a abordar una futura mejora del plan que permitiera ampliar el número de beneficiarios.

Riesgo ha comparecido en la Cámara Alta para dar explicaciones sobre la futura tarjeta social, cuyo desarrollo emana del mandato que se dieron Gobierno y Comunidades Autónomas en la conferencia de presidentes del pasado 17 de enero

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Ha explicado que el Ministerio de Empleo está "con los preparativos previos" para la puesta en marcha de la tarjeta que permitirá conocer en tiempo real las prestaciones sociales de contenido económico que gestionan las diferentes administraciones y organizaciones no gubernamentales.

El secretario de Estado ha negado que la tarjeta social vaya a ser "un carné de pobre" o un instrumento "encubierto" para perseguir el fraude, después de que la mayoría de los grupos de la oposición hayan expresado su temor a que este distintivo estigmatice a las personas en una situación de vulnerabilidad social.

Riesgo ha contestado que con el nuevo sistema no se pretende "quitar nada" y que, por el contrario, será una "garantía de protección social".