Transparencia Internacional pide mayor vigilancia para un BCE más poderoso

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La organización Transparencia Internacional (TI) pidió hoy reforzar la integridad, transparencia y rendición de cuentas del Banco Central Europeo (BCE), institución que a raíz de la crisis ha ganando competencias hasta convertirse en un actor principal de la política económica europea.

"El BCE ha estirado su mandato hasta un punto crítico y es necesaria una mayor vigilancia democrática", dijo el director de Transparencia Internacional frente a la Unión Europea (UE), Carl Dolan, durante la presentación en Bruselas de su informe "¿Dos caras de la misma moneda? Independencia y responsabilidad del BCE".

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La organización, que vigila el nivel de corrupción en las instituciones comunitarias, instó al BCE a publicar por norma todas sus decisiones, a reforzar sus mecanismos para evitar las puertas giratorias -ampliando los periodos de transición entre la salida de un cargo del banco y la aceptación de un nuevo puesto- y a reformar su comité de Ética.

Además, le instó a publicar declaraciones de intereses de todos los miembros de su Consejo de Gobierno, a instaurar un sistema para permitir que se hagan denuncias sobre la situación interna de forma anónima y a inscribirse en el registro de transparencia de la UE para dejar constancia de todas sus reuniones con grupos de presión.

Transparencia Internacional reconoció, no obstante, que el BCE, con sede en Fráncfort, ha hecho progresos en los últimos tiempos con la decisión de publicar las actas de sus reuniones, así como las agendas de sus directivos, y destacó su voluntad de cooperación.

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La premisa que rige el informe es que el alto nivel de independencia de la institución para evitar las injerencias políticas debe verse compensado con una mayor rendición de cuentas como consecuencia de la extensión de sus funciones, que durante la crisis han traspasado con creces la frontera de las decisiones técnicas.

Transparencia Internacional pone como ejemplo el papel que ha jugado el BCE, como uno de los entes gestores del rescate griego, a la hora de fijar condiciones a los países para beneficiarse de su programa de compra de bonos, o sus nuevos poderes de supervisión bancaria.

"En el punto más alto de la crisis de Grecia en 2015, el BCE limitó en varias ocasiones el techo de liquidez de emergencia (ELA) para los bancos del país sin anunciarlo públicamente. Los poderes discrecionales del BCE le permitieron presionar a los bancos griegos mientras negociaba las reformas con el Gobierno heleno" como parte del grupo "de acreedores institucionales", indicó la organización.

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Una dinámica similar podría darse en próximas negociaciones con Grecia y en la recapitalización del banco italiano Monte dei Paschi di Siena", añadió Transparencia, en referencia a la operación que negocia Bruselas con el Gobierno de Roma y en la que el BCE debe fijar ciertos criterios.

El miembro del Consejo de Gobierno del BCE Benoit Coueré, que participó en la presentación del informe, defendió la actuación de esta entidad en Grecia.

"Creemos que, de no haber impuesto condiciones, habríamos incumplido precisamente nuestro mandato", dijo en referencia a los límites a la liquidez de emergencia para los bancos griegos.

"Habríamos estado haciendo algo que el Eurogrupo -los ministros de Finanzas de la eurozona- había decidido no hacer. Eso habría sido políticamente incorrecto", insistió.

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Coueré aseguró que el BCE "ha hecho tremendos esfuerzos" para mejorar su integridad y transparencia, y que seguirá trabajando en este sentido, al tiempo que recalcó que la entidad "se toma en serio" las sugerencias de la Eurocámara, ante quien sus directivos rinden cuentas una vez al trimestre.

El eurodiputado español del grupo liberal y ponente de los informes parlamentarios sobre el BCE, Ramón Tremosa, destacó la disponibilidad del Banco para responder a las demandas de información de la Eurocámara y sus "esfuerzos" por implementar las recomendaciones.

No obstante, apuntó que "hay margen para avanzar más" y pidió al BCE que publique qué votó exactamente cada miembro del Consejo de Gobierno en las decisiones; darles permiso para emitir un voto discrepante, y publicar la "senda" de política monetaria que prevé adoptar, en línea con lo que hacen otros bancos centrales nacionales