Arlette
07-09-2017, 12:55 AM
El Parlamento de Cataluña, con mayoría de grupos a favor de la independencia de esta región española, aprobó una ley para amparar el referéndum secesionista previsto para el 1 de octubre, decisión que el Gobierno español previamente había solicitado anular al Tribunal Constitucional (TC).
La norma obtuvo 72 votos a favor de los grupos independentistas, Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP, que habían presentado la propuesta de ley de referéndum el 31 de julio pasado, ninguno en contra y 11 abstenciones.
Los diputados de la oposición, Ciudadanos (liberal), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el conservador Partido Popular de Cataluña (PPC), abandonaron el hemiciclo antes de la votación, dejando algunos de ellos sobre sus escaños vacíos banderas catalanas y españolas.
Tras la luz verde del Parlamento catalán, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió un informe urgente al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo del gabinete) sobre la ley del referéndum para presentar mañana un recurso contra esa iniciativa en el Constitucional, informaron fuentes del Ejecutivo español.
Cuando el Gobierno tenga dicho informe, el Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria para tramitar ese recurso y presentarlo de inmediato ante el TC.
El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo para recurrir la ley del referéndum.
El rey Felipe VI y Rajoy se mantuvieron en contacto con motivo del pleno del Parlamento de Cataluña, según fuentes de la Casa del Rey.
El Gobierno central y el Tribunal Constitucional consideran que un referéndum sobre la independencia es ilegal porque la Constitución española lo impide, pero las autoridades catalanas mantienen la voluntad de convocarlo para el 1 de octubre.
Por ello, antes de que comenzara el debate de este miércoles, Rajoy pidió al Constitucional que, con la mayor contundencia y urgencia posibles, declare nula la decisión de la Mesa de la Cámara de tramitar la propuesta legislativa.
La sesión plenaria transcurrió de manera accidentada, con tensión creciente, interrupciones numerosas y enfrentamientos dialécticos entre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (de JxS), y los portavoces de los partidos contrarios a la independencia, que trataban de impedir la tramitación de la ley.
Ciudadanos, PSC, Partido Popular y Sí Que Es Pot (izquierda) reprocharon a Forcadell que se negara a leer el informe de los letrados del Parlamento, contrario a la tramitación.
El secretario general del Parlamento, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlamento, Antoni Bayona, habían advertido a la Mesa (órgano de dirección de la cámara) de que permitir tramitar leyes orientadas a la independencia son contrarias a las advertencias del TC.
La Mesa tampoco atendió al Consejo de Garantías Estatutarias, que reconoció el derecho de la oposición a pedir un dictamen previo de este órgano consultivo sobre si la propuesta legislativa se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
Igualmente se negó a tramitar las enmiendas presentadas al conjunto del texto legislativo, solo las parciales.
El portavoz del PPC, Alejandro Fernández, acusó a Forcadell de "romper las reglas del juego".
Por el contrario, la diputada de JxSí, Marta Rovira, criticó el "filibusterismo" parlamentario de la oposición.
Para evitar la tramitación legislativa, Rajoy solicitó al Tribunal Constitucional que deje sin efecto las decisiones del Parlamento y se tome declaración a Forcadell y otros miembros de la Mesa por admitir la ley a trámite. No obstante, el pleno del TC no tratará esta cuestión hasta mañana.
Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña presentará una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa.
En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que se están vulnerando las sentencias constitucionales, especialmente la de febrero de 2017 que establecía la prohibición de cualquier acción orientada a la celebración del referéndum soberanista.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, acusó a la vicepresidenta del Gobierno español de "amenazar e insultar" a todos los catalanes, especialmente a quienes quieren votar el 1 de octubre.
Rajoy se reunirá mañana con el líder de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, para ratificar el frente común contra la voluntad de los separatistas de convocar un referéndum.
La norma obtuvo 72 votos a favor de los grupos independentistas, Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP, que habían presentado la propuesta de ley de referéndum el 31 de julio pasado, ninguno en contra y 11 abstenciones.
Los diputados de la oposición, Ciudadanos (liberal), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el conservador Partido Popular de Cataluña (PPC), abandonaron el hemiciclo antes de la votación, dejando algunos de ellos sobre sus escaños vacíos banderas catalanas y españolas.
Tras la luz verde del Parlamento catalán, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió un informe urgente al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo del gabinete) sobre la ley del referéndum para presentar mañana un recurso contra esa iniciativa en el Constitucional, informaron fuentes del Ejecutivo español.
Cuando el Gobierno tenga dicho informe, el Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria para tramitar ese recurso y presentarlo de inmediato ante el TC.
El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo para recurrir la ley del referéndum.
El rey Felipe VI y Rajoy se mantuvieron en contacto con motivo del pleno del Parlamento de Cataluña, según fuentes de la Casa del Rey.
El Gobierno central y el Tribunal Constitucional consideran que un referéndum sobre la independencia es ilegal porque la Constitución española lo impide, pero las autoridades catalanas mantienen la voluntad de convocarlo para el 1 de octubre.
Por ello, antes de que comenzara el debate de este miércoles, Rajoy pidió al Constitucional que, con la mayor contundencia y urgencia posibles, declare nula la decisión de la Mesa de la Cámara de tramitar la propuesta legislativa.
La sesión plenaria transcurrió de manera accidentada, con tensión creciente, interrupciones numerosas y enfrentamientos dialécticos entre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (de JxS), y los portavoces de los partidos contrarios a la independencia, que trataban de impedir la tramitación de la ley.
Ciudadanos, PSC, Partido Popular y Sí Que Es Pot (izquierda) reprocharon a Forcadell que se negara a leer el informe de los letrados del Parlamento, contrario a la tramitación.
El secretario general del Parlamento, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlamento, Antoni Bayona, habían advertido a la Mesa (órgano de dirección de la cámara) de que permitir tramitar leyes orientadas a la independencia son contrarias a las advertencias del TC.
La Mesa tampoco atendió al Consejo de Garantías Estatutarias, que reconoció el derecho de la oposición a pedir un dictamen previo de este órgano consultivo sobre si la propuesta legislativa se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
Igualmente se negó a tramitar las enmiendas presentadas al conjunto del texto legislativo, solo las parciales.
El portavoz del PPC, Alejandro Fernández, acusó a Forcadell de "romper las reglas del juego".
Por el contrario, la diputada de JxSí, Marta Rovira, criticó el "filibusterismo" parlamentario de la oposición.
Para evitar la tramitación legislativa, Rajoy solicitó al Tribunal Constitucional que deje sin efecto las decisiones del Parlamento y se tome declaración a Forcadell y otros miembros de la Mesa por admitir la ley a trámite. No obstante, el pleno del TC no tratará esta cuestión hasta mañana.
Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña presentará una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa.
En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que se están vulnerando las sentencias constitucionales, especialmente la de febrero de 2017 que establecía la prohibición de cualquier acción orientada a la celebración del referéndum soberanista.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, acusó a la vicepresidenta del Gobierno español de "amenazar e insultar" a todos los catalanes, especialmente a quienes quieren votar el 1 de octubre.
Rajoy se reunirá mañana con el líder de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, para ratificar el frente común contra la voluntad de los separatistas de convocar un referéndum.