España se compromete con Bruselas a cerrar los presupuestos de 2016 en julio

El Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.

Así consta en el documento de alegaciones enviado a Bruselas para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit, en el que se asegura que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

En el documento, España defiende que una multa sería "contraproducente" e "incoherente", y se compromete a situar el déficit público por debajo del 3% el próximo año mediante la puesta en marcha de varias medidas con una "estrategia de gestión de presupuesto que ayudará a frenar el gasto", tal y como anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Entre ellas, y siempre que se haya formado nuevo Gobierno, se precisa en el documento, se aprobará una reforma del Impuesto de Sociedades con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros en 2016. Esta medida se complementará con la puesta en marcha de medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros), que serán aprobadas mediante Real Decreto cuando se constituya el nuevo Gobierno. La UE ha constatado la falta de "medidas eficaces" por parte de España y Portugal para situar sus respectivos déficit públicos por debajo del 3%, y ayer abrió un plazo de 10 días para que los países presenten sus defensas y de 20 días para el Ejecutivo comunitario fije la cuantía de la multa.

El Gobierno en funciones alega en este documento que "existen razones de peso" para no multar a España por la desviación de los objetivos de 2015 --con un déficit del 5,1% en lugar del 4,2% reclamado--, algo que sería dar un paso en la "dirección contraria" a lo que Europa necesita y que "no tendría en cuenta las principales prioridades de la política económica" que actualmente persigue la Unión Europea. "En un momento de creciente incertidumbre y riesgos, tanto para la economía mundial como para los mercados financieros europeos, proteger la credibilidad del marco de gobernanza de la Unión Europea y de la zona euro resulta crucial en la formulación de la política económica", alega España.

En esta línea, el Ejecutivo de Mariano Rajoy enfatiza que nuestro país no supone una "amenaza" para la estabilidad de la zona euro, por lo que defiende que la multa sería "incoherente" y "contraproducente". Asimismo, ve "paradójico" una sanción en base a la desviación de un solo año a un país que ha estado siempre plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria. España también cuestiona en sus alegaciones las "inconsistencias metodológicas" a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España --que atribuye un crecimiento cero en 2015 a España--. "La revisión actualmente en curso de la metodología no hace sino reforzar aún más la necesidad de un enfoque prudente", sostiene.

En cuanto a la inflación negativa, que desde 2013 ha dificultado aún más el ajuste fiscal, el Ejecutivo reclama que sea un factor a tener en cuenta y sea contextualizada "en la excepcional y persistente baja inflación en la zona euro, que el Banco Centra Europeo está intentando atajar". Tras recordar que la desviación respecto a la prevista ha tenido un impacto sobre el déficit público de 2015, cuantificado en 0,7 puntos porcentuales del PIB, el Ejecutivo recuerda que en el caso de otros países "similares circunstancias económicas excepcionales fueron tenidas en cuenta". "La importancia de inflación negativa no puede subestimarse en el caso de España y la igualdad de trato debe prevalecer", reclama.

En el documento remitido a Bruselas, el Gobierno español comienza relatando como "en un contexto económico internacional totalmente adverso" nuestro país puso en marcha una "estrategia económica eficaz" para "favorecer un crecimiento económico sostenible" y la creación de empleo. Y lo expone en cifras, recordando que el déficit público ha pasado del 9,6% de 2011 a "prácticamente a la mitad" a mitad del pasado 2015. "En la evaluación de la acción efectiva de otros países, similares circunstancias económicas excepcionales fueron tenidas en cuentas", se señala en la carta. En la petición del Gobierno de Rajoy también se destacan los "logros económicos" alcanzados durante 2015, el ejercicio que penaliza Bruselas, y se exhibe el crecimiento del 3,2% "situando a España entre las economías de mayor crecimiento del mundo", así como la creación de "más de medio millón de puestos de trabajo" y la reducción en casi un punto porcentual del déficit hasta el 5% del PIB.

El Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.

Así consta en el documento de alegaciones enviado a Bruselas para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit, en el que se asegura que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

Dichas medidas incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades, con una recaudación adicional estimada de 6.000 millones de euros, además de nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones.

A ello se suman otros 1.500 millones que el Gobierno espera ahorrarse en el pago de los intereses de la deuda pública.

Según se explica en el documento de alegaciones, estas medidas adicionales muestran el compromiso "firme e inequívoco" de España para situar el déficit público por debajo del 3 % del PIB en 2017.

En opinión del Gobierno en funciones, sería "paradójico" que se impusiera a España una sanción por la desviación de un solo año, cuando el país ha estado siempre "plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria", algo que considera aún más evidente "si se tienen en cuenta las inconsistencias metodológicas a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España".

"España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona del euro", dice el texto, que añade que la decisión de imponer una multa "no solo sería incoherente, sino también contraproducente", además de que supondría "un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita".

Asegura que la sanción no ayudaría a proteger la credibilidad de la UE y la zona del euro en un momento de incertidumbre y riesgos tanto para la economía mundial como para los mercados financieros europeos.:rules: