EE.UU. baraja nuevas limitaciones en su agencia medioambiental

Los republicanos del Congreso de Estados Unidos estudian nuevas restricciones sobre cómo gestiona los datos científicos la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), un proceso en el que participan como asesoras las industrias química y de los combustibles fósiles.

El presidente del comité de la Cámara de Representantes sobre Ciencia, Espacio y Tecnología, Lamar Smith, acusó esta semana al gobierno de Obama de basarse en datos imprecisos y falsificados para justificar nuevas regulaciones como los límites a las emisiones de centrales eléctricas de carbón. El congresista, republicano por Texas, ha sido un crítico frecuente de la ciencia climática que muestra que el mundo se está calentando debido a emisiones de dióxido de carbono causadas por el hombre.

"Con la transición a un nuevo gobierno, hay una oportunidad de enderezar el rumbo en la Agencia de Protección del Medio Ambiente y dirigir la agencia en la buena dirección", dijo Smith el martes. "La EPA debe ser abierta y rendir cuentas al pueblo estadounidense y utilizar ciencia legítima".

En una audiencia el martes llamada "Hagamos a la EPA grande de nuevo", el comité de Smith trató de recabar apoyos para introducir varias medidas sobre el medio ambiente con respaldo de la industria. El comité recurrió a un panel de expertos que incluía a un representante de la industria química, un consultor corporativo y un cabildero del sector del carbón.

Aunque en el pasado, otras propuestas similares fracasaron bajo la amenaza de veto del expresidente Barack Obama, los republicanos confían en poder sacarla adelante tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor por reducir la regulación medioambiental.

El candidato de Trump para dirigir la EPA, Scott Pruitt, actual secretario de Justicia de Oklahoma, ha presentado al menos 14 demandas contra regulaciones de la agencia, incluido el Plan de Energía Limpia de Obama. Demócratas y ecologistas se oponen a la confirmación de Pruitt, alegando que tiene estrechos vínculos políticos con la industria del gas y el petróleo en su estado natal.

La Secret Science Reform Act ("Ley de reforma de ciencia secreta" en español) se presentó en la vista como un intento de aumentar la transparencia y que la EPA rinda cuentas ante el público. La ley requeriría la publicación de los datos empleados para respaldar nuevas regulaciones que protejan la salud humana y el medio ambiente.

"Sólo cuando se publique esa información, otras partes interesadas y cualificadas podrán realizar análisis independientes y tratar de reproducir los resultados de la investigación", afirmó Jeff Holmstead, exfuncionario de la EPA y abogado registrado como agente de cabildeo para Arch Coal, Duke Energy y otros clientes que se benefician de la quema de combustibles fósiles. "La transparencia no sólo genera responsabilidad, sino también un sano respeto por el diálogo y el debate honesto".

Los demócratas afirman que el efecto real de la ley sería menoscabar la capacidad de la EPA para completar nuevas regulaciones hasta que se resolvieran las demandas sobre la retención legítima de algunos datos científicos y técnicos, como expedientes médicos confidenciales de los participantes de un estudio sobre salud humana.

Otra medida reformaría la Junta Asesora Científica (SAB, por sus siglas en inglés) de la EPA. Los republicanos dicen que a lo largo de los años, la junta ha estado llena de científicos que reciben subvenciones federales para investigar, lo que según afirman supone un conflicto de intereses inadecuado.

"En los últimos años, los expertos de la SAB se han convertido en nada más que un mecanismo automático que aprueba todas las regulaciones de la EPA", dijo Smith. "Cambios sencillos, como eliminar los conflictos de interés, añadir perspectivas más equilibradas y ser más transparentes podrían hacer mucho por restaurar la credibilidad de la agencia".

Los demócratas sugirieron que los republicanos quieren llenar la junta con científicos a sueldo de industrias reguladas por la EPA.

El excongresista Rush Holt, que es físico y director ejecutivo de la Asociación estadounidense por el Avance de la Ciencia, advirtió que los políticos deberían evitar las interferencias.

"Los científicos —no importa si es en la industria, el mundo académico o el gobierno— deben tener la confianza de que pueden hacer su trabajo en una atmósfera libre de intimidación o influencias indebidas", dijo Holt, que testificó a invitación de los demócratas del comité. "Los legisladores nunca deberían dictar las conclusiones de un estudio científico, y deberían basar sus políticas en un análisis de la investigación relevante".