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La Justicia, con 46 convenios anulados por la Audiencia Nacional y el rechazo del Supremo a cuatro recursos, ha cercado el modelo "low cost" que aplican algunas de las conocidas como empresas multiservicios vía devaluación salarial.
La batalla iniciada hace unos años por los sindicatos contra las condiciones laborales y salarios que aplican algunas de estas empresas ha tenido en las últimas semanas el respaldo del Tribunal Supremo que ha confirmado la nulidad de cuatro convenios.
Aunque todavía quedan pendientes de resolver 7 recursos -11 de las 46 empresas multiservicios que vieron anulados sus convenios optaron por recurrir al Supremo- los sindicatos celebran el sentido de estos fallos que afectan, entre otras, a Stock Uno y Merchanserveis.
En todos los casos, explican desde la Federación de Servicios de CCOO, esto convierte en nulos unos convenios de empresa que, en algunos casos, llevan cerca de una década prevaleciendo a los sectoriales con peores condiciones laborales y salariales.
Confirman la obligación de aplicar el convenio sectorial y puesto que el convenio de empresa que negociaron irregularmente nunca debió aplicarse, el personal tendría derecho a reclamar la diferencia de cantidades desde que se les empezó a aplicar el convenio nulo", explicaban esta semana en CCOO.
El sindicato reconoce la dificultad de conocer el detalle de trabajadores que suman estas empresas por la falta de información del sector pero apuntan que pueden rondar los 500.000.
En las sentencias del Supremo, y en las anulaciones de la Audiencia, recogen que se trata de convenios que se negociaron sin respetar el principio de correspondencia que fija el Estatuto de los Trabajadores y que obliga a que haya proporcionalidad entre la representación de la empresa y la de los trabajadores en la negociación
Son convenios que rebajan hasta un 60 % los salarios frente a los sectoriales", denuncia el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, que acusa a estas empresas de "romper" el mercado laboral y de contribuir a una nueva categoría, la del "trabajador pobre".
Este tipo de empresas asumen la externalización de parte de la actividad de otra compañía, como la reposición en los supermercados, las camareras de los hoteles, la limpieza o la seguridad, compitiendo en precios a costa de devaluar salarios y condiciones de trabajo, critican desde CCOO.
Y lo hacen, coinciden los dos sindicatos, amparados en lo que permitió la reforma laboral de 2012: cuando una empresa tiene un convenio propio, este convenio tiene prioridad sobre los convenios sectoriales.
"Podemos conseguir muchas cosas pero seguimos chocando con ese principio de la reforma laboral que ampara por ley prácticas como estas", resume Pino, que reclama la derogación de la reforma y más medios por parte de la Inspección de Trabajo para vigilar que estas empresas cumplan lo sentenciado.
Desde la Federación de Servicios de CCOO señalan a la reforma laboral como principal culpable de estas situaciones pero también confían en que estas sentencias ayuden a poder mejorar salarios y condiciones en los convenios de estas empresas vía negociación colectiva.
El problema, reconocen desde CCOO, es quién se atreve a ser la primera en mejorar condiciones salariales en un mercado en el que compiten solo por precio lo que les lleva, en muchos casos, a pagar salarios de 5 euros por hora.
Junto a este frente judicial, el PSOE ha liderado otro legislativo con una proposición de ley en el Congreso para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y que los trabajadores de estas empresas tengan los mismos derechos que rigen en la empresa para las que prestan sus servicios.
La mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP, acordó tomar en consideración esta proposición cuyo plazo para recibir enmiendas a la totalidad termina el martes.
Desde el PP defendieron en el debate que la externalización "buena" permite reducir costes de cualificación, tener expertos en la materia o recibir ideas innovadores para mejorar los negocios.
Y el portavoz de Empleo de la antigua convergencia, el PDeCat Carles Campuzano pidió ser "extremadamente prudentes" en la nueva regulación de la subcontratas ya que hay abusos, pero también son empresas necesarias para fomentar la competitividad en la industria.