Bruselas simplifica la concesión de ayuda estatal a puertos y aeropuertos

La Comisión Europea (CE) aprobó hoy nuevas reglas sobre ayudas de Estado para que ciertas subvenciones públicas a puertos y aeropuertos, así como a la cultura y las regiones ultraperiféricas, no necesiten una autorización previa de Bruselas.

El objetivo, explicó en rueda de prensa la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, es que "los estados miembros puedan ganar tiempo y evitar problemas cuando inviertan en puertos, aeropuertos, cultura y regiones ultraperiféricas, preservando a la vez la competencia".

Las nuevas normas modifican el actual reglamento de exenciones de 2014, que permite a los Estados conceder ayudas sin autorización previa solo a ciertos sectores, para ampliar los supuestos en los que las capitales no tendrán que pasar por el filtro de Bruselas.

En la práctica, el 95 % de las ayudas públicas que conceden los países, unos 28.000 millones de euros anuales en inversiones, no necesita ser notificado, por lo que la Comisión quiere ahora centrar sus esfuerzos en controlar ese 5 % de ayudas que pueden ser problemáticas.

"Hoy estamos dando flexibilidad a los Estados miembros para dar ayudas directas sin pedir autorización a la CE en sectores importantes", añadió la comisaria, quien subrayó que también se proporcionará "certeza legal" a las empresas que reciben los fondos.

Los principales cambios afectarán a las ayudas a los aeropuertos regionales y de pequeño tamaño y a los puertos.

Las nuevas normas permitirán realizar sin control previo de la Comisión inversiones públicas en aeropuertos regionales que acojan hasta 3 millones de pasajeros al año destinadas a la renovación y mantenimiento de infraestructuras.

En la UE hay 420 aeropuertos de estas características, que representan el 80 % del total de aeródromos de la Unión, pero gestionan solo un 13 % del trafico aéreo.

Para los aeropuertos pequeños, que tengan menos de 200.000 pasajeros al año, también estarán exentas de notificación las ayudas públicas destinadas a la operación de los mismos.

Aproximadamente la mitad de los aeropuertos de la UE entra en esta categoría, aunque gestionan menos del 1 % del tráfico aéreo.

La Comisión defiende que, si bien "no siempre son tan rentables como los más grandes", desempeñan un papel importante para las conexiones de las regiones en que se encuentran y es poco probable que la concesión de ayudas distorsione la competencia.

Por lo tanto, debería depender de la región en cuestión y sus ciudadanos decidir si quieren gastar fondos públicos para apoyar a estos pequeños aeropuertos", argumentó Vestager.

La comisaria insistió en que la medida se restringe a los aeródromos ya operativos y no pretende incitar a la construcción de "aeropuertos fantasma".

En el caso de los puertos, los Estados podrán realizar inversiones públicas de hasta 150 millones de euros en los marítimos y de hasta 50 millones de euros en los puertos interiores sin autorización previa de la Comisión.

Estas ayudas podrán cubrir también los costes de dragado.

El reglamento presentado simplifica asimismo las normas para inversiones en proyectos culturales e instalaciones deportivas de usos múltiples.

En esos casos se han elevado los umbrales a partir de los que se requiere notificación y Bruselas solo examinará los proyectos de mayor envergadura.

Por otra parte, se permitirá a las autoridades públicas compensar con más facilidad los costes de las empresas cuando ejerzan sus actividades en regiones ultraperiféricas, por las dificultades específicas que estas afrontan por su lejanía o dependencia del comercio de ciertos productos.

Además, la CE ha introducido cambios para garantizar que las ayudas públicas a una empresa no se utilizan para incentivar la reubicación de sus actividades de un Estado miembro hacia el país que concede la ayuda, de forma que a partir de ahora estas compañías deberán probar que no tienen planes de trasladar su actividad.

La Comisión calcula que con estos cambios podría ahorrar hasta 27 millones de euros en trámites administrativos y consagrar más esfuerzos a otras tareas, como los casos de evasión fiscal.

La medida, por contra, requerirá un mayor control de las ayudas por parte de los países.

"Tendrán que asumir ellos mismos la responsabilidad: mostrar a los ciudadanos a dónde van los fondos públicos y cuál es su impacto", afirmó Vestager.