Israel anula el plan de expulsión de inmigrantes africanos
El gobierno de Israel anunció este martes la anulación de su plan de expulsión de inmigrantes africanos llegados ilegalmente, debido a la imposibilidad de encontrar terceros países dispuestos a acogerlos.
Las expulsiones afectaban a una parte de los 42.000 inmigrantes de origen eritreo y sudanés que viven ilegalmente en Israel.
"En este punto no hay posibilidad de implementar un plan de deportación a un tercer país sin acuerdo. Por lo tanto, el 17 de abril de 2018, (el Estado) ha dejado de celebrar audiencias como parte de su política de deportación, y no se tomarán más decisiones de deportación en este momento", declara un comunicado presentado ante el Supremo israelí y citado el martes por el diario "Times of Israel".
Tras esta decisión, las órdenes de deportación que ya habían sido emitidas quedan canceladas y los inmigrantes a los que les caduque su permiso de residencia temporal podrán obtener una renovación cada dos meses "de acuerdo a la política vigente antes de la implementación del plan", matiza la nota.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó paralelamente de que se reiniciaban las preparaciones para reabrir el centro de detención de inmigrantes, señaló el diario "Jerusalem Post", cerrado tras dejar en libertad a todos los recluidos hace menos de dos semanas al finalizar el plazo dado por el Supremo al Gobierno para presentar una nueva propuesta de deportación.
Entonces, los medios informaron de que Israel estaba en negociaciones con Uganda para que esta nación africana acogiera inicialmente a 500 personas.
El anuncio de este lunes pone fin a meses de controversia después de que en enero Israel presentara un plan de deportación masiva para 32.000 de los 38.000 inmigrantes africanos, en su mayoría eritreos y sudaneses, que residen en el país, excluyendo a 6.000 menores y a progenitores con hijos a su cargo.
El programa, que contemplaba deportaciones forzosas a terceros países o el ingreso en prisión para todos aquellos que rechazaran irse, fue criticado por numerosas voces que aseguraron que no garantizaba la protección de los demandantes de asilo, a los que Israel considera "infiltrados".
El Supremo también paralizó temporalmente las deportaciones tras plantear que dicha iniciativa tenía defectos legales.
Este proyecto fue cancelado a principios de abril, cuando el primer ministro israelí llegó a un pacto con la ONU para que 16.000 personas se quedaran en Israel y la otra mitad fueran reubicadas en países occidentales.
Horas después de su anuncio, el jefe del Ejecutivo israelí canceló el acuerdo tras críticas y presiones de sus socios gubernamentales.
