Trump dijo en un comunicado que el fallo es una "clara victoria" y que le permite "usar una importante herramienta para proteger" a Estados Unidos.
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Trump dijo en un comunicado que el fallo es una "clara victoria" y que le permite "usar una importante herramienta para proteger" a Estados Unidos.
El máximo tribunal, que redujo el alcance de cortes inferiores que habían bloqueado el decreto, dijo que escucharía en octubre los argumentos sobre la legalidad de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas firmadas por Trump en sus primeros meses de Gobierno.
El decreto presidencial estableció una prohibición por 90 días para ingresar a Estados Unidos a viajeros de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen y de 120 días para todos los refugiados, para dar tiempo para que el gobierno establezca procedimientos de control más estrictos.
La medida fue bloqueada por jueces federales antes de que pudiese aplicarse el 16 de marzo como se había previsto. Ambas restricciones entrarían ahora en vigencia en 72 horas, según un memorando del gobierno de Trump del 14 de junio.
Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, la prohibición regía sólo para personas que solicitaran visas y no para quienes ya las tenían o son residentes legales.
México está tomando más medidas para proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos en respuesta a una ley en Texas que permite a la policía preguntar a las personas sobre sus estatus migratorio, dijo el lunes la cancillería mexicana.
El subsecretario para América del Norte de la cancillería, Carlos Sada, dijo que México respeta las decisiones de Estados Unidos, pero que ha aumentado los módulos de atención a los que pueden acudir mexicanos en busca de ayuda.
Si bien somos respetuosos de las leyes de los Estados Unidos y siempre lo hemos remarcado, también cuidamos y vigilamos que las mismas autoridades no violen los procesos debidos en torno a la aplicación de las leyes", dijo Sada en una conferencia de prensa.
"Eso es fundamental para que nuestra gente se sienta protegida", añadió.
La ley, apoyada por los republicanos en Texas, entrará en vigor el 1 de septiembre y es la primera en su tipo desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero con la promesa de acabar con la inmigración ilegal.
La ley, conocida como propuesta senatorial 4, establece penas de cárcel para jefes de policía, alguaciles e incluso funcionarios de frontera que no cooperen con hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses. La medida permite que la policía pregunte sobre la situación migratoria de una persona durante una detención.