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La ley 26.364 posteriormente reformada en diciembre de 2012 por la ley Nº 26.842([2]), resultaron instrumentos legales eficaces para encuadrar este fenómeno delictivo de una forma más apropiada y así se tradujeron en valiosas herramientas para punir conductas que atentan contra valiosos bienes jurídicos.
La técnica legislativa utilizada para describir estas conductas así como las características más sobresalientes de este fenómeno delictivo, dieron base a diferentes teorías, posiciones y cuestionamientos en torno a la nueva incorporación legal, especialmente por su impacto a nivel constitucional, legal y procesal