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Los “peajes”
La otra parte que pagamos en la factura eléctrica es lo que se llama la parte regulada del precio de la electricidad y que fija el gobierno, no las empresas. Esta parte, que es el costo fijo de la factura de la luz, aunque no se consuma un solo Kwh, es lo que se llama “Peaje”.
El peaje incluye el pago por la distribución y comercialización de la energía, operada por las mismas empresas generadoras de electricidad, las primas a las energías renovables (una subvención a los productores de este tipo de energía para bajar sus costes de producción), el alquiler de los contadores eléctricos, impuestos varios, el IVA (que aumentó estos años del 16% al 21% para pagar la deuda pública), un impuesto especial para reducir el coste extra del suministro de energía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por ser territorios extrapeninsulares; y lo que se llama el Servicio de Interrumpibilidad, que él solo nos cuesta 750 millones de euros anuales.
ropiedad privada y sobrecapacidad
El sistema eléctrico español está completamente tomado por grandes compañías multinacionales, españolas y extranjeras, que controlan la generación, distribución y comercialización de la electricidad. Y esto no solo respecto a la producción eléctrica tradicional (energía hidráulica, ciclo combinado de gas y vapor de agua, nuclear y carbón) sino también, y en contra de lo que popularmente se cree, respecto a las energías renovables (eólica, termosolar, fotovoltaica y biocombustibles).
El problema más reciente del sistema eléctrico arranca en el año 2003, cuando culmina la llamada “liberación” del sistema energético, que completa la privatización de la compañía estatal ENDESA, principal empresa eléctrica española, iniciada varios años antes; y habilita la operación en el país de multinacionales extranjeras. También incluía la fijación de una parte del precio de la electricidad por las propias compañías, cuando antes era potestad exclusiva del gobierno.
Al orientar la producción eléctrica a la obtención de beneficios para los dueños privados de estas compañías – que, como todo beneficio capitalista, desconoce límites en su satisfacción – se sembraron las semillas del desastre actual. Se dejaron a un lado las necesidades reales de la sociedad y se violentaron las relaciones y equilibrios complejos que vinculan la producción de energía eléctrica al resto del sistema productivo.
La generadora argentina de electricidad Endesa Costanera, controlada por el grupo español Endesa, registró el año pasado una pérdida integral de 202,2 millones de pesos (25,9 millones de dólares), lo que indica una reducción del 54,7 por ciento frente al rojo obtenido en 2012.
"El resultado integral del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 se explica principalmente por el aumento significativo de los costos financieros, básicamente por el incremento de la diferencia de cambio negativa", dijo hoy la empresa en un comunicado remitido a la Bolsa de Buenos Aires.
La ganancia operativa ascendió el año pasado a 300,7 millones de pesos (38,5 millones de dólares), un 43,2 por ciento más que en 2012.
Las inversiones para el mantenimiento de las instalaciones de la central ascendieron el año pasado a 423,5 millones de pesos (54,2 millones de dólares).
Endesa Costanera, la mayor productora de energía eléctrica de origen térmico de Argentina, había registrado en 2012 una pérdida integral por 447,1 millones de pesos (51,3 millones de dólares).
Madrid 9 ABR 2017 - 00:03 CEST
El peso del capital español en activos energéticos es más frágil que nunca. El sector, formado por unas 85.000 empresas, entre las que se encuentran cientos de comercializadoras, distribuidoras y generadoras, vive una ola de compras acelerada gracias al renovado interés de fondos de capital extranjero, que, con mayor o menor apetito por el riesgo, han puesto sus ojos —y su dinero— en el país. La carrera empezó hace dos años con operaciones en energías renovables y se ha extendido a activos más tradicionales (de eléctricas, gas o petróleo) con momentos explosivos, como el que se vivió a finales del mes pasado: en solo una semana los fondos compraron infraestructuras por valor de 3.700 millones de euros.
La segunda mayor red de gas de España, Naturgas, también cambió de manos. EDP la colocó al consorcio integrado por JP Morgan Infraestructure, la aseguradora Swiss Life y Abu Dabi Investment Council, la sociedad estatal del emirato de Abu Dabi. El precio: casi 2.600 millones de euros. Esa operación ha ido en paralelo al que puede ser la próxima gran compraventa: Redexis, la cuarta red de distribución de gas, ahora en manos de Goldman Sachs, está recibiendo ofertas por más de 2.000 millones. “El mundo está lleno de liquidez y los fondos buscan instrumentos solventes y garantizados para canalizarla”, analiza un veterano en el sector energético. “La inversión se refugió en la renta fija, pero ahora no es tan atractiva”. Para la asociación española del gas Sedigas, esta tendencia “indica que se puede invertir en España. La regulación es predecible, razonable, y ofrece un retorno lógico. Este fenómeno hay que leerlo desde el punto de vista de que España genera la confianza suficiente. Y al tratarse de un sector [el gas] regulado, esto no tiene ninguna consecuencia en los consumidores”