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El Banco Central Europeo (BCE) todavía tiene "serias preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Grecia", excluida de su programa de compra de bonos soberanos de países de la zona del euro porque falta información sobre las medidas de alivio.
Así se desprende de una carta que el presidente del BCE, Mario Draghi, envió al parlamentario europeo griego N**olaos Chountis, fechada el 23 de junio y publicada hoy.
Draghi dice en la carta que el BCE todavía no tiene suficiente información sobre el alivio de la deuda a Grecia.
"El personal del BCE no está en una posición de completar un amplio análisis de la sostenibilidad de la deuda pública de Grecia", según su presidente.
Draghi califica de insuficientes los detalles que se dieron sobre las medidas de alivio de la deuda en el comunicado del Eurogrupo del 15 de junio para poder analizar su efecto cuantitativo y su impacto temporal en la deuda de Grecia.
El presidente del BCE recuerda al parlamentario griego que el objetivo del programa de compra de deuda pública es impulsar la inflación y no influir en las rentabilidades de la deuda de países concretos.
El Eurogrupo aprobó la semana pasada el pago de 8.500 millones de euros para que Grecia pueda pagar sus deudas pero no concretó las medidas de alivio de la deuda.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciona mantener su aportación al programa de ayuda a Grecia a que la deuda sea sostenible, para lo que son necesarias medidas de alivio.
Estaba previsto que estas medidas se plantearan, en caso necesario, en verano de 2018 una vez concluido el último rescate de Grecia, pero el FMI y el BCE han pedido algo más de claridad.
Los precios industriales subieron un 0,1% en mayo en relación al mes anterior y se incrementaron un 5,3% interanual, tasa siete décimas inferior a la de abril, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el repunte interanual de mayo, los precios industriales encadenan ocho siete meses consecutivos de ascensos después de haberse incrementado en los últimos tres meses de 2016 y en los primeros cinco meses de 2017.
La energía recortó casi tres puntos su tasa interanual en mayo, hasta el 13,2%, por el abaratamiento del refino de petróleo, en contraste con el incremento que experimentó en mayo de 2016.
Asimismo, los bienes intermedios redujeron siete décimas su tasa interanual, hasta el 3,4%, debido al descenso de los precios en la fabricación de productos básicos de hierro y en la fabricación de productos químicos básicos.
Por el contrario, los bienes de consumo no duradero elevaron cuatro décimas su variación, hasta el 2,9%, su tasa más alta desde junio de 2013, a causa del encarecimiento del procesado y la conservación de carne y de la fabricación de aceites y grasas.
La tasa de variación anual del índice general sin energía bajó dos décimas en mayo, hasta el 2,6%, con lo que se sitúa 2,7 puntos por debajo de la del índice general.
En términos mensuales, los precios industriales se incrementaron un 0,1% en mayo, el mismo porcentaje que en abril y tasa siete décimas inferior a la de mayo de 2016.
Los sectores industriales con mayor repercusión positiva en la tasa mensual fueron los bienes de consumo no duradero, que elevaron un 0,3% sus precios respecto a abril por el encarecimiento de los productos cárnicos y los aceites, y la energía, que mostró un avance mensual del 0,1% por la subida de los precios de su producción, transporte y distribución.
Los bienes intermedios, por su parte, recortaron sus precios un 0,1% respecto a abril por el abaratamiento de la fabricación de productos químicos y, en menor medida, de la producción de metales preciosos.
A cierre de mayo, la tasa anual de los precios industriales subió en diez comunidades. Los mayores incrementos los registraron Castilla y León y Madrid, cuyas tasas aumentaron cuatro décimas, hasta el 2,2% y el 2,3%, respectivamente.
Por contra, los mayores descensos se dieron en Canarias y País Vasco, que redujeron sus tasas interanuales 5,9 puntos y 3,2 puntos, hasta el 13,8% y el 4,5%, respectivamente.
Pese a esta evolución, todas las comunidades presentan en mayo tasas interanuales positivas de precios industriales, con Asturias (14,9%), Canarias (13,8%) y Baleares (13,7%) a la cabeza. En el otro extremo, con las tasas interanuales más bajas, se sitúan Navarra (1,1%) y Castilla y León (2,2%).
El Senado aprobará este lunes definitivamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, tras haber rechazado los 64 vetos y las 6.119 enmiendas parciales presentadas a las cuentas públicas durante su tramitación en la Cámara Alta.
Concluido el debate de totalidad, la tramitación de las enmiendas en la Comisión de Presupuestos, la reunión de la Ponencia y el dictamen de la Comisión esta semana, la tramitación final en el Pleno de la Cámara Alta se producirá en la sesión plenaria de este lunes 26 de junio por la tarde y el proyecto de Presupuestos será debatido y votado definitivamente.
Previsiblemente quedarán aprobados con un amplio apoyo, gracias a la abultada mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta, con 149 senadores 'populares' del total de 266, más el apoyo de los grupos que respaldan el proyecto (Cs, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias).
Al no haberse introducido enmiendas en las cuentas públicas, quedará aprobado definitivamente, por lo que no será necesario que vuelva al Congreso, tal y como pretendía el Ejecutivo.
Los Presupuestos de 2017 están basados en un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', de 118.337 millones de euros, la misma cuantía que en las cuentas públicas de 2016, y conforma al objetivo de déficit del 3,1% de las administraciones públicas para este año.
Asimismo, incluyen un aumento del 1% del sueldo de los empleados públicos en 2017 y del 0,25% en las pensiones, una subida que ya está en vigor desde comienzo del año, así como un incremento de la financiación de las comunidades autónomas en 5.387 millones de euros.
El total de ingresos financieros para 2017 alcanzará los 133.055 millones de euros, mientras que los ingresos tributarios se incrementarán un 7,9% respecto a la recaudación del año anterior, hasta alcanzar los 200.963 millones de euros, la misma cifra que recaudaba España hace diez años.
Mientras, el gasto no financiero de los ministerios asciende a 54.674 millones de euros, lo que supone una reducción de 3.490 millones respecto al presupuesto de 2016.
Los recursos para Justicia crecerán un 7,6%, al tiempo que dependencia recibirá 100 millones de euros adicionales. Las becas y los programas de refuerzo escolar tendrán un presupuesto un 1,7% superior, mientras que a fomento del empleo se destinará un 5,5% más.
También se dotan 342 millones de euros para la protección y la lucha contra la pobreza infantil; la financiación de la I+D+i crecerá un 4,1%, y se dotará con 100 millones adicionales la lucha contra el fraude fiscal.
El proyecto de Presupuestos fue aprobado en el Congreso el pasado 31 de mayo tras incorporar alrededor de 150 enmiendas, entre las que destacaban las de Nueva Canarias, que consiguió subvenciones del 75% del billete de avión entre islas, que también se extiende a Baleares, y la bonificación del 100% en el transporte de mercancías a la península y viceversa.
En cambio, el PP no ha aceptado ninguna enmienda a los Presupuestos para 2017 en el Senado, incluida la de Ciudadanos, que pedía incorporar 1.000 efectivos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude, por lo que el texto inicial que llegó de la Cámara Baja a la Cámara Alta no ha sufrido ninguna modificación.
En total se habían presentado 6.119 enmiendas parciales a los Presupuestos por varios grupos parlamentarios, entre los que no figuraban PP, PNV, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias ni Coalición Canarias, que en todos los casos respaldaron las cuentas públicas anteriormente en el Congreso.
Del total de 6.119 iniciativas, el PSOE había presentado 1.812 enmiendas parciales, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea otras 2.014 enmiendas, ERC ha registrado más de 870 a las secciones y 94 al articulado, y el Grupo Mixto 1.326, distribuidas entre las de Compromís (unas 400 enmiendas parciales y 58 al articulado), PDeCAT (más de 800 enmiendas) y el resto de EH Bildu.
De su lado, Ciudadanos había registrado una enmienda con la que pedía la inclusión de un número de 1.000 efectivos adicionales a la tasa de reposición del 100% en la Agencia Tributaria en la oferta de empleo público de este año, en sus cuerpos y especialidades adscritas, para lucha contra el fraude fiscal y tributario.
La semana anterior se celebró el debate de totalidad, que se saldó con el rechazo por la mayoría del Pleno del Senado a los 6 vetos generales y los 64 vetos presentados a las secciones del proyecto de Presupuestos, gracias a la amplia mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta, con 149 senadores 'populares' del total de 266, más el apoyo de los grupos que respaldan el proyecto (Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias).
En total, se habían registrado 82 vetos a los Presupuestos en la Cámara Alta, de los cuales 18 eran a la totalidad, pero la Mesa del Senado desestimó los 12 vetos individuales presentados por ERC al entender que tenían "la misma motivación y el mismo contenido", por lo que finalmente fueron discutidos seis vetos generales que han sido rechazados.
Tanto los seis vetos generales del PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y EH Bildu, como las 64 impugnaciones a las secciones del proyecto de Presupuestos fueron rechazadas por el Senado.
Por otro lado, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya ha iniciado la negociación sobre el límite de gasto no financiero (techo de gasto) para 2018, cifra necesaria para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado y que espera aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario del próximo lunes 3 de julio, pero Hacienda no prevé ofrecer un mayor margen que el fijado en las cuentas de 2017, que están en su última fase de tramitación parlamentaria.
Para 2017, el Gobierno fijó el techo de gasto en 118.337 millones, 5.000 menos que en el año anterior, pero equivalente a lo ejecutado al final del ejercicio 2016.