Generadora argentina filial de española Endesa reduce sus pérdidas en 2013

La generadora argentina de electricidad Endesa Costanera, controlada por el grupo español Endesa, registró el año pasado una pérdida integral de 202,2 millones de pesos (25,9 millones de dólares), lo que indica una reducción del 54,7 por ciento frente al rojo obtenido en 2012.

Generadora argentina filial de española Endesa reduce sus pérdidas en 2013"El resultado integral del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 se explica principalmente por el aumento significativo de los costos financieros, básicamente por el incremento de la diferencia de cambio negativa", dijo hoy la empresa en un comunicado remitido a la Bolsa de Buenos Aires.

La ganancia operativa ascendió el año pasado a 300,7 millones de pesos (38,5 millones de dólares), un 43,2 por ciento más que en 2012.

Desde la semana pasada, cuando se empezó a rumorar sobre una posible emisión de acciones de Ecopetrol en el mercado de Estados Unidos, el título empezó a perder terreno.

Sin embargo, el viernes pasado, el mercado lo dio como un hecho cuando la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer algunas declaraciones que el presidente de Ecopetrol, El señor Javier Gutiérrez, les dio a periodistas en la ciudad Nueva York.

“Si necesitáramos recursos adicionales, seguramente consideraríamos la posibilidad de emitir acciones”, dijo el directivo de la petrolera luego de un reunión con inversionistas.

Desde la semana pasada, cuando se empezó a rumorar sobre una posible emisión de acciones de Ecopetrol en el mercado de Estados Unidos, el título empezó a perder terreno.

Sin embargo, el viernes pasado, el mercado lo dio como un hecho cuando la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer algunas declaraciones que el presidente de Ecopetrol, El señor Javier Gutiérrez, les dio a periodistas en la ciudad Nueva York.

“Si necesitáramos recursos adicionales, seguramente consideraríamos la posibilidad de emitir acciones”, dijo el directivo de la petrolera luego de un reunión con inversionistas.

El rosario de quejas que el Ministerio de Industria ha recibido en las últimas semanas por parte de las compañías eléctricas contra el fraude de las llamadas comercializadoras piratas, ha surtido efecto. El Secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, ha aprobado un cambio regulatorio que puede poner coto a unas prácticas que han generado hasta marzo un agujero de 54 millones y que pueden llegar a 70 millones este año, según datos de la CNMC. Estas pérdidas las asume el resto de agentes del sector (generadoras eléctricas y comercializadoras) en función de los volúmenes contratados.

Las comercializadoras piratas adquirían mucha menos energía de la que luego vendían a sus clientes, por lo que solo pagaban lo que compraban. La diferencia o desvíos se saldaban con posterioridad a un precio muy superior al del mercado diario y, en función de ellos, el operador del sistema, REE, le imponía garantías excepcionales.
El quid de la cuestión, que quiere subsanar el ministerio, es que las liquidaciones definitivas de REE se produce a los ocho meses, lo cual significa que las comercializadoras tienen siempre pendiente las liquidaciones del consumo medido de sus clientes en el mes en curso y en los ocho meses previos. Un margen amplio que permite engordar el fraude y “que las piratas desaparezcan”, tal como aseguró recientemente Nadal.

Tanto las eléctricas independientes como las de los grandes grupos integrados, venían presionando a Industria desde hace más de un año para que redujese ese plazo, ya que las mediciones de consumo ya se conocen mucho antes gracias a los contadores inteligentes. Algo en lo que coincidían REE y la CNMC, aunque era el ministerio, el que tenía la última palabra

Según confirman fuentes del sector, el secretario de Estado ya ha firmado la resolución, que publicará el BOE la semana que viene, con la propuesta de REE de modificar uno de los procedimientos de operación (14.1), el referido a las condiciones generales del proceso de liquidación de REE.
El cambio, cuyo informe fue aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de CNMC el pasado 29 de marzo, se resume en que a partir de ahora el plazo para las liquidaciones se reduce de ocho a tres meses como máximo. Una medida que aunque no resuelve totalmente el problema puede disuadir a quienes pretendan vender electricidad sin haberla pagado, ya que el plazo para detectarlas y fijar las garantías se estrecha. Al reducirse el riesgo, las garantías por desvíos exigidas a los agentes se recortarán en un 50%, según propusieron en su día REE y la CNMC.

Si bien la detección precoz de prácticas fraudulentas será una vía de disuasión y una criba entre las empresas que actúan de mala fe, no supondrá la total desaparición del problema. Queda el dilatado plazo (casi un año) desde que el ministerio abre un procedimiento de inhabilitación para las que no cumplan hasta que este termina. Un sistema garantista propio de cualquier procedimiento sancionador, en el que el afectado tiene derecho a defenderse.

Una de las soluciones planteadas por el sector al ministerio es el endurecimiento de las condiciones para obtener la licencia de comercialización:un capital de tan solo 3.000 euros y una declaración jurada. Algo que los responsables de Industria consideran una traba a la competencia, pero que podría aceptar si hay consenso entre las empresas.

El escándalo del coste de la factura de la electricidad para las familias obreras es uno de los problemas más sangrantes que estamos padeciendo, junto con los del empleo y la vivienda, entre otros. Desde que comenzó la crisis en 2008, el recibo de la luz se ha incrementado un 60%. Y lo peor es que nos aseguran que seguirá subiendo

El Estado español tiene la electricidad más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Chipre, países insulares de escasos recursos hidráulicos que tienen que importar una parte sustancial de la energía que consumen. En España, el precio de la unidad de potencia de la electricidad, el Kwh, es un 27,6% más caro que la media de la UE, según la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat.

Alguien podría pensar que el sector eléctrico es un negocio ruinoso donde todos perdemos: los consumidores que pagamos facturas caras y las compañías eléctricas que tienen pérdidas o beneficios escuálidos. Nada de eso. Mientras que nuestras facturas crecen bimestre a bimestre, los beneficios de las 5 compañías que monopolizan el mercado eléctrico español - Iberdrola, Gas Natural-Unión Fenosa y Endesa (controlada por la italiana ENEL), la portuguesa EDP (con participación mayoritaria china y de Iberdrola), y la alemana E.On – tienen beneficios anuales que oscilan entre los 8.000 y 10.000 millones de euros.

Iberdrola y Endesa son la 2ª y 3ª compañía eléctrica, respectivamente, con más beneficios de Europa, sólo por detrás de E.On. El margen de beneficios de las eléctricas que operan en España casi duplica la media del sector en Europa: 6,48% contra 3,6%.

José Ignacio Sánchez-Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, gana 6,3 millones de euros anuales (1.048 millones de las antiguas pesetas), más 3,2 millones de euros en acciones de la compañía. El presidente de ENDESA, Borja Prado, gana 2,24 millones de euros; y Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural-Unión Fenosa, 1,1 millones de euros. En el otro lado, según las organizaciones de usuarios, 4 millones de españoles no pueden asumir el coste energético necesario para asegurar unas condiciones aceptables de habitabilidad de sus viviendas. “Las dificultades (o imposibilidad) de pagar la luz y el gas estarían detrás, según algunos expertos, de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año” (Expansión, 19/04/2013). ¿Quién gana y quién pierde, entonces, con la propiedad privada del sistema eléctrico?

Propiedad privada y sobrecapacidad

El sistema eléctrico español está completamente tomado por grandes compañías multinacionales, españolas y extranjeras, que controlan la generación, distribución y comercialización de la electricidad. Y esto no solo respecto a la producción eléctrica tradicional (energía hidráulica, ciclo combinado de gas y vapor de agua, nuclear y carbón) sino también, y en contra de lo que popularmente se cree, respecto a las energías renovables (eólica, termosolar, fotovoltaica y biocombustibles).

El problema más reciente del sistema eléctrico arranca en el año 2003, cuando culmina la llamada “liberación” del sistema energético, que completa la privatización de la compañía estatal ENDESA, principal empresa eléctrica española, iniciada varios años antes; y habilita la operación en el país de multinacionales extranjeras. También incluía la fijación de una parte del precio de la electricidad por las propias compañías, cuando antes era potestad exclusiva del gobierno.

Al orientar la producción eléctrica a la obtención de beneficios para los dueños privados de estas compañías – que, como todo beneficio capitalista, desconoce límites en su satisfacción – se sembraron las semillas del desastre actual. Se dejaron a un lado las necesidades reales de la sociedad y se violentaron las relaciones y equilibrios complejos que vinculan la producción de energía eléctrica al resto del sistema productivo.

Ocurre con la industria eléctrica lo mismo que con cualquier sector de la gran producción capitalista: que tiende inevitablemente a la sobreproducción, al operar en manos privadas.

La anarquía de la producción capitalista, atizada por la codicia empresarial, condujo a una sobre inversión en el sistema eléctrico en los últimos 15 años que trajo como consecuencia una enorme sobrecapacidad productiva instalada, que permanece sin operar por falta de utilidad. Así, se pasó de una capacidad de generación eléctrica instalada de 55.562 megavatios (MW) de potencia en el año 2000 a 108.148 MW en 2013, prácticamente el doble.

La locura de esta política se muestra en que el año que registró el mayor consumo de energía eléctrica en la historia de nuestro país fue 2007, en el pico del boom económico, cuando se utilizaron apenas 45.450 MW de potencia.

Los gobiernos de Aznar y de Zapatero, así como los dueños de las compañías eléctricas, emborrachados por la marcha ascendente de la economía a mediados de la década pasada, creían que el consumo eléctrico se incrementaría aritméticamente, año tras año. Tenían perspectivas fantásticas sobre la utilización creciente de la potencia eléctrica instalada de 50.000 MW, 60.000 MW, 70.000 MW, y más, en los años y décadas venideras

La sobrecapacidad del sistema eléctrico se agravó con la profunda recesión económica que vivimos desde hace 5 años, al desplomarse la actividad económica y disminuir por consiguiente el consumo de electricidad. Actualmente se utiliza poco más de 40.000 MW.

Otro elemento que agravó la sobrecapacidad energética, vinculado a la codicia capitalista, ha sido la prolongación del funcionamiento de centrales nucleares y estaciones hidroeléctricas que ya cumplieron su ciclo de vida útil, y cuyo uso continuado más allá de ciertos límites puede tener consecuencias muy graves para la seguridad de la población. Es el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debía haberse clausurado hace 6 años. Para Iberdrola y Endesa es un negocio mantener abierta esta central. Hace años que su inversión está amortizada, de manera que todo lo que ingresan va a beneficios. Además, como luego veremos, el precio de generación del megavatio (Mwh) nuclear es de 20 euros, pero la ley les autoriza a cobrar el precio de generación del Mwh de la energía más cara del sistema, la de las centrales térmicas alimentadas con carbón, que sale a 50€ el Mwh. De manera, que sólo esta central nuclear deja a sus propietarios un beneficio de 150 millones de euros anuales.

Otro elemento que actuó como acicate en el afán sobreinversor en este sector, fue la perspectiva de exportar una parte sustancial de la producción eléctrica excedente al resto de Europa, gracias al mercado único liberalizado que ofrecía la Unión Europea. Fue este elemento lo que impulsó las inversiones en las energías renovables, y no las preocupaciones por la contaminación, aprovechando las circunstancias naturales (vientos y sol) que colocaban a la península ibérica en condiciones de ventaja sobre gran parte de la Europa continental. Esto también fue estimulado por la propia UE, que fijó para el 2020 un 40% de la producción eléctrica en la región procedente de las energías renovables, para disminuir su dependencia del petróleo.

La sobrecapacidad instalada, consecuentemente vinculada a la propiedad privada de este recurso tan vital para la sociedad en manos de un oligopolio, es lo que está detrás de los problemas del sector eléctrico español y del encarecimiento escandaloso de la factura de los hogares.

Y esto nos lleva al famoso “déficit de tarifa”.

El “déficit de tarifa”

El “déficit de tarifa” es la excusa que esgrimen el gobierno y las compañías eléctricas para justificar el encarecimiento de la electricidad.

Se habla de que el “déficit de tarifa” en 2013 fue de más de 4.000 millones de euros; es decir, que el coste de producción de la energía eléctrica excedió el año pasado en más de 4.000 millones de euros lo que las compañías ingresaron por el cobro de las facturas. Se nos dice que el “déficit de tarifa” acumulado desde el año 2000 supera los 30.000 millones de euros.

Lo escandaloso del tema es que no existe un estudio ni un control rigurosos del verdadero costo del sistema eléctrico. El gobierno da por buenas los datos que suministran las propias compañías sin una investigación a auditoría seria que confirme o desmienta sus cifras.

De todas maneras, esta situación podría resolverse fácilmente. Las compañías eléctricas consiguieron en los últimos años beneficios anuales estimados entre 8.000 y 10.000 millones de euros. Son sus negocios privados, para bien y para mal. Bastaría con que estas compañías redujeran un 30% ó un 40% sus abultados beneficios para que no hubiera déficit alguno cada año. Este modesto “sacrificio” de las compañías eléctricas implicaría además una reducción inmediata del monto de nuestras facturas, porque dicho “déficit” lo estamos pagando los usuarios.

si las eléctricas españolas adecuaran sus márgenes de beneficio (6,48%) al margen medio europeo (3,6%) eso generaría un saldo adicional de 4.000 millones anuales, más que suficientes para enjugar el supuesto déficit tarifario.

estos parásitos no quieren reducir sus cuentas de resultados por debajo de los 8 ó 10.000 millones de euros anuales y obligan al conjunto de la sociedad a pagar ese sobreprecio. Ellos responden afirmando que, como multinacionales que son, de estos 8.000 ó 10.000 millones de euros de beneficios, sólo el 32% (según la patronal del sector, UNESA) provienen de sus negocios en España, así que no les alcanza para absorber este “déficit” generado solamente por su actividad en el Estado español.

Pero ¿Cuál es la verdadera causa de este “déficit de tarifa”? La causa es que al mantener inactivo el 40%-50% de la capacidad energética instalada, debido a la sobre capacidad del sector, las compañías pretenden que los usuarios y el Estado paguemos el costo de mantener operativas dichas instalaciones que están en desuso, aunque los ciudadanos no consumamos ni un solo kwh de dichas instalaciones. Pero ¡un momento!, estas compañías no se encomendaron ni a Dios ni al Diablo a la hora de acometer sus inversiones, sólo les movió la codicia por acrecentar sus ganancias. Ellos afirman que es “su” propiedad privada, por lo tanto deben arrostrar las consecuencias de sus acciones. Si ellos se embarcaron en un negocio ruinoso, es de su exclusiva responsabilidad, y las familias obreras no debemos pagar el derroche y la irresponsabilidad de estos señores. Si es vuestra propiedad privada, es asunto vuestro asumir las pérdidas de vuestros negocios, señores capitalistas.

La realidad sangrante es que los usuarios estamos pagando 144 millones anuales a cuenta de dicho “déficit” ¿De qué manera? El gobierno, en común acuerdo con las compañías, ha convertido este “déficit” en bonos de deuda que se venden en el mercado bursátil, y lo han llamado “Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico” (FADE), donde el Estado ejerce de avalista. Es decir, como pagador en última instancia. Lo que se ingresa por la venta de esos bonos va directamente a las compañías eléctricas que, de esa manera enjugan su “déficit”, y los usuarios pagamos los intereses que rinden beneficios a quienes compran esos bonos, vía factura de la luz o presupuestos del Estado. Al término del vencimiento de esos bonos (entre 3 y 7 años) es el Estado quien debe devolver el dinero a los acreedores. En definitiva, que se computa el “déficit tarifario” – generado por el derroche de las compañías eléctricas – como deuda pública a efectos prácticos. Así, sus beneficios son privados, pero sus pérdidas son nuestras.

Precio de la electricidad

No es sólo a través del fraude del “déficit tarifario” como les pagamos a las eléctricas los platos rotos de su incompetencia.

Por un lado, como decíamos al principio, está el precio de la energía eléctrica, que es la tercera más cara de Europa. El fraude es escandaloso. Cada modo de generar electricidad (nuclear, hidroeléctrica, eólico, fotovoltaico, plantas de ciclo combinado a gas y vapor de agua, centrales térmicas alimentadas con carbón) tiene un coste diferente. El más barato (con la desaprovechada tecnología actual) es la nuclear, que se estima en 20€ el Mwh, y el más caro es la generada por el carbón, alrededor de 50€ el Mwh, según la oferta y la demanda del mercado eléctrico. Pues bien, el gobierno para “ayudar” al negocio eléctrico ha decidido que el precio que se toma como base reguladora de la electricidad sea el precio de la electricidad generada por la tecnología más cara, el carbón. Así, pese a que el carbón sólo fue responsable del 14,6% de la energía consumida en España en el 2013, según Red Eléctrica Española, fija el precio del 100% de la energía eléctrica, tirándolo para arriba y creándole un negocio fabuloso a los piratas de las compañías eléctricas.

Los “peajes”

La otra parte que pagamos en la factura eléctrica es lo que se llama la parte regulada del precio de la electricidad y que fija el gobierno, no las empresas. Esta parte, que es el costo fijo de la factura de la luz, aunque no se consuma un solo Kwh, es lo que se llama “Peaje”.

El peaje incluye el pago por la distribución y comercialización de la energía, operada por las mismas empresas generadoras de electricidad, las primas a las energías renovables (una subvención a los productores de este tipo de energía para bajar sus costes de producción), el alquiler de los contadores eléctricos, impuestos varios, el IVA (que aumentó estos años del 16% al 21% para pagar la deuda pública), un impuesto especial para reducir el coste extra del suministro de energía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por ser territorios extrapeninsulares; y lo que se llama el Servicio de Interrumpibilidad, que él solo nos cuesta 750 millones de euros anuales.

ropiedad privada y sobrecapacidad

El sistema eléctrico español está completamente tomado por grandes compañías multinacionales, españolas y extranjeras, que controlan la generación, distribución y comercialización de la electricidad. Y esto no solo respecto a la producción eléctrica tradicional (energía hidráulica, ciclo combinado de gas y vapor de agua, nuclear y carbón) sino también, y en contra de lo que popularmente se cree, respecto a las energías renovables (eólica, termosolar, fotovoltaica y biocombustibles).

El problema más reciente del sistema eléctrico arranca en el año 2003, cuando culmina la llamada “liberación” del sistema energético, que completa la privatización de la compañía estatal ENDESA, principal empresa eléctrica española, iniciada varios años antes; y habilita la operación en el país de multinacionales extranjeras. También incluía la fijación de una parte del precio de la electricidad por las propias compañías, cuando antes era potestad exclusiva del gobierno.

Al orientar la producción eléctrica a la obtención de beneficios para los dueños privados de estas compañías – que, como todo beneficio capitalista, desconoce límites en su satisfacción – se sembraron las semillas del desastre actual. Se dejaron a un lado las necesidades reales de la sociedad y se violentaron las relaciones y equilibrios complejos que vinculan la producción de energía eléctrica al resto del sistema productivo.

La generadora argentina de electricidad Endesa Costanera, controlada por el grupo español Endesa, registró el año pasado una pérdida integral de 202,2 millones de pesos (25,9 millones de dólares), lo que indica una reducción del 54,7 por ciento frente al rojo obtenido en 2012.

"El resultado integral del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 se explica principalmente por el aumento significativo de los costos financieros, básicamente por el incremento de la diferencia de cambio negativa", dijo hoy la empresa en un comunicado remitido a la Bolsa de Buenos Aires.

La ganancia operativa ascendió el año pasado a 300,7 millones de pesos (38,5 millones de dólares), un 43,2 por ciento más que en 2012.

Las inversiones para el mantenimiento de las instalaciones de la central ascendieron el año pasado a 423,5 millones de pesos (54,2 millones de dólares).

Endesa Costanera, la mayor productora de energía eléctrica de origen térmico de Argentina, había registrado en 2012 una pérdida integral por 447,1 millones de pesos (51,3 millones de dólares).

Madrid 9 ABR 2017 - 00:03 CEST
El peso del capital español en activos energéticos es más frágil que nunca. El sector, formado por unas 85.000 empresas, entre las que se encuentran cientos de comercializadoras, distribuidoras y generadoras, vive una ola de compras acelerada gracias al renovado interés de fondos de capital extranjero, que, con mayor o menor apetito por el riesgo, han puesto sus ojos —y su dinero— en el país. La carrera empezó hace dos años con operaciones en energías renovables y se ha extendido a activos más tradicionales (de eléctricas, gas o petróleo) con momentos explosivos, como el que se vivió a finales del mes pasado: en solo una semana los fondos compraron infraestructuras por valor de 3.700 millones de euros.

La segunda mayor red de gas de España, Naturgas, también cambió de manos. EDP la colocó al consorcio integrado por JP Morgan Infraestructure, la aseguradora Swiss Life y Abu Dabi Investment Council, la sociedad estatal del emirato de Abu Dabi. El precio: casi 2.600 millones de euros. Esa operación ha ido en paralelo al que puede ser la próxima gran compraventa: Redexis, la cuarta red de distribución de gas, ahora en manos de Goldman Sachs, está recibiendo ofertas por más de 2.000 millones. “El mundo está lleno de liquidez y los fondos buscan instrumentos solventes y garantizados para canalizarla”, analiza un veterano en el sector energético. “La inversión se refugió en la renta fija, pero ahora no es tan atractiva”. Para la asociación española del gas Sedigas, esta tendencia “indica que se puede invertir en España. La regulación es predecible, razonable, y ofrece un retorno lógico. Este fenómeno hay que leerlo desde el punto de vista de que España genera la confianza suficiente. Y al tratarse de un sector [el gas] regulado, esto no tiene ninguna consecuencia en los consumidores”