El Gobierno aprueba mañana la norma que desvinculará precios públicos del IPC

El Gobierno previsiblemente aprobará mañana un decreto ley que desarrolla la ley de desindexación de la economía española, cuyo objetivo es desvincular los precios, servicios y subsidios públicos de la evolución de la inflación y promover que el sector privado haga lo mismo voluntariamente.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó en su comparecencia del pasado martes en el Congreso que la meta de la nueva norma es evitar los "efectos de segunda ronda" (subidas salariales)que puede provocar el repunte de la inflación.

El Gobierno previsiblemente aprobará mañana un decreto ley que desarrolla la ley de desindexación de la economía española, cuyo objetivo es desvincular los precios, servicios y subsidios públicos de la evolución de la inflación y promover que el sector privado haga lo mismo voluntariamente.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó en su comparecencia del pasado martes en el Congreso que la meta de la nueva norma es evitar los "efectos de segunda ronda" (subidas salariales)que puede provocar el repunte de la inflación.

A su juicio, incorporar las subidas de inflación automáticamente a los salarios es un error porque puede llegar a comprometer las competitividad de la economía.
Inicialmente presentada por el Gobierno en septiembre de 2013, la ley fue aprobada definitivamente tras su paso por las Cortes en marzo de 2015.

En aquel momento, el Ejecutivo explicó que la ley afectaría a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como concesiones administrativas de autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.
Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

Inicialmente presentada por el Gobierno en septiembre de 2013, la ley fue aprobada definitivamente tras su paso por las Cortes en marzo de 2015.

En aquel momento, el Ejecutivo explicó que la ley afectaría a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como concesiones administrativas de autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

El desarrollo de la Ley de Desindexación aprobada este viernes por el Consejo de Ministros prohíbe con carácter general la indexación -revisiones periódicas y predeterminada de precios y rentas- y establece que los valores monetarios públicos, como rentas, precios o tasas, dejarán de estar vinculados al índice de precios de consumo (IPC) y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos.

Con esta medida, que no es de carácter retroactivo, el Gobierno pretende evitar los denominados "efectos de segunda ronda". Es decir, que el aumento del IPC por un factor (como puede ser la subida del petróleo) no se traslade automáticamente al resto de los precios del mercado (billete de autobús, tren, luz...)

El desarrollo de la Ley de Desindexación aprobada este viernes por el Consejo de Ministros prohíbe con carácter general la indexación -revisiones periódicas y predeterminada de precios y rentas- y establece que los valores monetarios públicos, como rentas, precios o tasas, dejarán de estar vinculados al índice de precios de consumo (IPC) y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos.

Con esta medida, que no es de carácter retroactivo, el Gobierno pretende evitar los denominados "efectos de segunda ronda". Es decir, que el aumento del IPC por un factor (como puede ser la subida del petróleo) no se traslade automáticamente al resto de los precios del mercado (billete de autobús, tren, luz...)

En aquel momento, el Ejecutivo explicó que la ley afectaría a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como concesiones administrativas de autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.

Sin comentarios hoy de miembros de la Fed, pero a la espera de los datos estadounidenses de ventas de viviendas nuevas y del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, al margen de cualquier noticia por parte de Trump, el cruce se cotiza en estos instantes sobre 1.0595/1.0600, un 0.15% por encima de su precio de apertura.

Sin comentarios hoy de miembros de la Fed, pero a la espera de los datos estadounidenses de ventas de viviendas nuevas y del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, al margen de cualquier noticia por parte de Trump, el cruce se cotiza en estos instantes sobre 1.0595/1.0600, un 0.15% por encima de su precio de apertura.

Sin comentarios hoy de miembros de la Fed, pero a la espera de los datos estadounidenses de ventas de viviendas nuevas y del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, al margen de cualquier noticia por parte de Trump, el cruce se cotiza en estos instantes sobre 1.0595/1.0600, un 0.15% por encima de su precio de apertura.
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El Gobierno previsiblemente aprobará mañana un decreto ley que desarrolla la ley de desindexación de la economía española, cuyo objetivo es desvincular los precios, servicios y subsidios públicos de la evolución de la inflación y promover que el sector privado haga lo mismo voluntariamente.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó en su comparecencia del pasado martes en el Congreso que la meta de la nueva norma es evitar los "efectos de segunda ronda" (subidas salariales)que puede provocar el repunte de la inflación.

A su juicio, incorporar las subidas de inflación automáticamente a los salarios es un error porque puede llegar a comprometer las competitividad de la economía.

Inicialmente presentada por el Gobierno en septiembre de 2013, la ley fue aprobada definitivamente tras su paso por las Cortes en marzo de 2015.

En aquel momento, el Ejecutivo explicó que la ley afectaría a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como concesiones administrativas de autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.

Economía cifró entonces en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2 %.:ok: