Estados Unidos declara la situación nicaragüense como una amenaza
El gobierno estadounidense de Donald Trump impuso sanciones financieras a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a un asesor de alto nivel del gobierno para aumentar la presión sobre el régimen sandinista para que ponga fin a su represión de protestas populares.
Nicaragua se ha visto sacudida desde abril, cuando manifestaciones pacíficas crecieron a ser un movimiento que exige la renuncia del presidente Daniel Ortega y de Murillo, quien también es la primera dama.
Washington ha instado al gobierno nicaragüense a adelantar las elecciones como una manera de salir de la crisis, pero Ortega indica que cumplirá con su mandato actual, que termina en 2021. Hubo mesas de diálogo entre el gobierno y una coalición de líderes de oposición, pero se desmoronaron.
En junio y julio paramilitares encapuchados, usualmente acompañados por la policía, atacaron a los manifestantes que estaban en barricadas y retomaron el control de las calles. Desde entonces el gobierno ha arrestado y encarcelado a opositores, muchos de los cuales enfrentan cargos por terrorismo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calcula que han muerto más de 320 personas y que hay más de seiscientas arrestadas.
El gobierno de Trump ya había establecido sanciones contra cuatro oficiales nicaragüenses de alto rango a principios de noviembre, cuando el asesor de seguridad nacional John Bolton anunció que Washington endurecería su política hacia el país centroamericano al calificarlo como parte de una “troika de la tiranía”, junto con Cuba y Venezuela.
Bolton dijo que hasta que haya “elecciones libres, justas y anticipadas” en Nicaragua, el gobierno de Ortega y Murillo “resentirá el peso entero del sólido régimen de sanciones de Estados Unidos”.
Con las sanciones, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro, ni Murillo ni el asesor, Néstor Moncada Lau, tendrán acceso a cualquier bien que esté en territorio estadounidense y las instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido entablar negocios con ellos.
El anuncio del Tesoro, hecho el 27 de noviembre, también fue acompañado por una orden ejecutiva del presidente Trump, quien declaró que las acciones del gobierno de Ortega representan “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
El caos político ha desacelerado la economía del país, que depende en buena medida del turismo, la agricultura y las fábricas de ensamblado. De acuerdo con la agencia Fitch Ratings, la economía del país centroamericano se contraerá en cuatro por ciento este año.
Murillo, de 67 años, ha cobrado cada vez más peso en el país desde 2007, cuando Ortega —quien fue líder revolucionario en los ochenta— ganó la elección presidencial y regresó al poder. Ortega ha tenido una gestión cada vez más autocrática con la que ha aumentado su control sobre todas las ramas del gobierno. Al nombrar a Murillo como su vicepresidenta antes de la elección de 2016, Ortega dio a entender que ella asumiría las riendas si él queda fuera de la política.
Moncada Lau, de 64 años, ha sido desde hace tiempo parte del círculo cercano a Ortega y funge como asesor de seguridad nacional, de acuerdo con el anuncio del Departamento del Tesoro.
