La coalición de Merkel excluirá del salario mínimo a jóvenes hasta 18 años

La gran coalición de la canciller alemana, Angela Merkel, prepara la introducción de un salario mínimo interprofesional sobre la base de los 8,5 euros por hora trabajada, que excluirá sin embargo a los menores de 18 años.

"Tenemos que evitar que los jóvenes prefieran aceptar trabajos remunerados, en lugar de completar su fase de formación", apunta la ministra de Trabajo, Andrea Nahles, en declaraciones al dominical "Bild am Sonntag".
Nahles, del Partido Socialdemócrata (SPD), descarta en cambio que acepte la exclusión también del salario mínimo a jubilados o quienes trabajan en régimen de "minijob" -miniempleos para un máximo de 40 horas semanales-, como pretende el bloque conservador de Merkel.
"¿Por qué tienen que estar peor pagados los que son más viejos o trabajan menos horas que otros?", apunta Nahles, quien presentará su esbozo de proyecto de ley al Consejo de Ministros, a principios de la semana entrante.
La ministra rechaza que la implantación de un salario mínimo interprofesional pueda derivar en la destrucción de empleo -como han advertido expertos y representantes de la gran industria- y estima que la entrada en vigor de esa medida, prevista para enero de 2015, beneficiará a unos 3,7 millones de trabajadores.
La introducción de un salario mínimo interprofesional fue el gran caballo de batalla del SPD en las elecciones generales de 2013 y su principal condición en las negociaciones con el bloque conservador de Merkel que derivó en la firma del pacto de coalición.

Desde la semana pasada, cuando se empezó a rumorar sobre una posible emisión de acciones de Ecopetrol en el mercado de Estados Unidos, el título empezó a perder terreno.

Sin embargo, el viernes pasado, el mercado lo dio como un hecho cuando la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer algunas declaraciones que el presidente de Ecopetrol, El señor Javier Gutiérrez, les dio a periodistas en la ciudad Nueva York.

“Si necesitáramos recursos adicionales, seguramente consideraríamos la posibilidad de emitir acciones”, dijo el directivo de la petrolera luego de un reunión con inversionistas.

Durante los últimos meses la principal preocupación del mercado en torno a Telefónica ha sido su elevado apalancamiento. Para intentar aplacar los problemas la compañía marcó una nueva hoja de ruta hace solo unos días que incluía la supresión del objetivo de deuda, algo que no ha sido bien recibido por Moody's

La agencia de calificación ha rebajado la nota de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete desde Baa2 a Baa3, lo que deja a la compañía a un solo paso de pasar a ser bono basura, si bien sitúa su perspectiva en estable. "Esta medida se produce por la reciente decisión de Telefónica de revisar su estrategia financiera de tal manera que ahora es improbable que alcance los objetivos de desendeudamiento fijados para diciembre de 2017", explica

Y es que la teleco se fijó como objetivo situar su ratio deuda/ebitda en las 2,35 veces, una posibilidad que los analistas ven como lejana. "Degradar el rating refleja el plan estratégico revisado por la compañía para reducir la deuda a través del crecimiento orgánico del Free Cash Flow y vender solo activos no estratégico de manera oportunista", señala el documento.

Aún así, desde la firma aplauden la decisión de la compañía de recortar su dividendo. Carlos Winzer, analista de Telefónica para Moody's cree que "es un paso en la dirección correcta, ya que permitirá ahorrar dinero y ayudará a reducir la deuda de manera progresiva

De este modo, Moody's se sitúa como la agencia de las tres grandes más pesimista con Telefónica, puesto que tanto S&P como Fitch otorgan a la deuda de la empresa una calificación de BBB, lo que supone dejarla dos peldaños por encima del bono basura.

La nueva ley, que en principio debiera poner fin a un debate que dura ya una década, sigue siendo objeto de controversia entre los que profetizan que destruirá puestos de trabajo; los que opinan que el salario establecido es todavía insuficiente y reclaman diez euros como mínimo para que, tras toda una vida de trabajo, las pensiones aseguren el mínimo de subsistencia a los mayores jubilados, y los sindicatos, que creen que con la exclusión de ciertos grupos sociales se abre una vía para eludir la normativa legal que afectaría a unos tres millones de personas.