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La empresa Nord Stream 2 AG considera que las enmiendas a la Directiva sobre el Gas de la UE deben ser anuladas.

"El 25 de julio de 2019, Nord Stream 2 AG presentó una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea; Nord Stream 2 solicita que se anule la Directiva 2019/692, que modifica la Directiva sobre el Gas de la UE, debido a una violación de los principios de la UE de igualdad de trato y proporcionalidad", dice el comunicado de la empresa.

Agrega que las enmiendas a la directiva fueron elaboradas y adoptadas para crear condiciones desfavorables y perjudiciales para el proyecto Nord Stream 2.

"La discriminación tan clara de un proyecto comercial también socava la capacidad del mercado interno de la UE de atraer inversiones para que la transición a la energía de bajas emisiones de carbono se haga realidad", subraya la nota.

La Unión Europea aprobó en abril pasado unas enmiendas a su Directiva de Gas relativas a los tramos marítimos de los gasoductos, las que se extenderán también al Nord Stream 2.

La nueva ley entró en vigor el 23 de mayo y los países de la UE disponen de nueve meses para adaptar sus legislaciones nacionales a las nuevas reglas.

Según esta ley, los gasoductos nuevos y los existentes tendidos desde terceros países hacia la Unión Europea por aguas jurisdiccionales de sus Estados deben corresponder a las normas que actualmente rigen para las tuberías tendidas por tierra firme.

En particular, deben respetarse la regla del llamado "unbundling" (separación de la propiedad), consistente en que una misma compañía no puede ser a la vez suministradora del combustible y propietaria del gasoducto, y las exigencias de fijar tarifas competitivas y dar acceso a la tubería a terceros países.

El proyecto Nord Stream 2 prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico, tendrá la capacidad de transportar 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso, las obras de construcción deben culminar para finales de 2019.

El Nord Stream 2 pasará por las aguas jurisdiccionales y/o zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca, de las que solo esta última todavía no ha dado el permiso para su construcción.