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La junta directiva de la principal patronal catalana Foment de Treball ha expresado hoy su oposición a la decisión del Gobierno de incrementar el pago mínimo en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
En un comunicado, Foment considera que el Gobierno español "pone en peligro la solvencia a corto plazo de las empresas" y critica que el cumplimiento de los objetivos de déficit "pretenda resolverse casi exclusivamente a costa de la tesorería de buena parte del tejido empresarial".
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Se trata de una medida "desproporcionada que castiga a todas las empresas que facturan más de 10 millones de euros", considera la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà, que también alerta de que esta medida "introduce más riesgos para la inversión y la creación de empleo".
En la nota, Foment reclama también "la formación de un gobierno con capacidad para continuar las reformas necesarias para el país", y censura la "incertidumbre política generada por la incapacidad de las formaciones políticas para facilitar la formación de un Gobierno estable".
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La reforma del Impuesto de Sociedades, que eleva los pagos fraccionados que adelantan las grandes empresas, permitirá recaudar 8.300 millones de euros adicionales que servirán para cuadrar las cuentas públicas de este año y lograr el objetivo de déficit público del 4,6 % del PIB comprometido con Bruselas, según el Gobierno.
El decreto ley aprobado por el Gobierno implica que las 9.000 empresas que facturan más de 10 millones de euros deberán adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23 % de su resultado contable en abril, octubre y diciembre.
Foment ha analizado también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la semana pasada que la actual regulación española de contratos interinos es contraria al principio de no discriminación entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos.
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Según Foment, esta sentencia "introduce elementos de confusión y es de aplicación únicamente al supuesto concreto enjuiciado relativo a un contrato de interinidad con connotaciones específicas", aunque la patronal queda "a la expectativa de la interpretación de los tribunales ante futuros supuestos que se planteen" para comprobar "si el legislador decide adoptar modificaciones normativas en materia de contratación temporal e indefinida"
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