El Estado peruano actual dista mucho de ser un ente descentralizado. Sus autoridades locales y regionales no tienen ni siquiera la posibilidad de planificar su desarrollo, mucho menos llevar a cabo acciones definidas y efectivas para defender su patrimonio natural, pues por encima de ellas están las transnacionales a través de contratos irrevisables que les permite depredar los suelos y el medio ambiente sin oposición alguna. Cualquier intento de oposición contra esos privilegios se resuelve con la represión desde el gobierno central. Los casos de la represión física y jurídica contra el Alcalde de Espinar y el enjuiciamiento al Presidente regional de Cajamarca, así como a los dirigentes de los Frentes de Defensa, definen muy bien la naturaleza antinacional y antidemocrática del Estado peruano actual. Pero para la mayoría de los gobiernos regionales la descentralización en tales condiciones les es favorable en la medida en que así pueden encubrir su pobre desempeño y la falta de un proyecto regional de desarrollo para su respectiva región, cuando no encubrir irregularidades en su administración. No es casual que en la reunión del día 8 de junio con el Presidente hayan sido concesivos con este pese a los atropellos contra un Alcalde y un Presidente regional.