Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú remitieron una carta hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en la que piden investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, momento en el que se agudizó la crisis de este país.

En la solicitud, estas naciones piden determinar si se ha de acusar al gobierno de ese país, es decir, el de Nicolás Maduro, de la comisión de estos crímenes hacia “una o varias personas determinadas”. La encargada de definir si se abre esta investigación es Fatou Bensouda, fiscal de la CPI.

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Desde agosto, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, había anunciado que cinco países de la región presentarían esta solicitud al tribunal. Sin embargo, tras varias semanas, los estados la presentaron hoy de manera oficial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York y en la que Venezuela ha sido uno de los temas principales abordados por los mandatarios.

Lo que dice la carta

En febrero de 2018, la CPI dispuso abrir una “examen preliminar” para analizar si en este país se han cometido crímenes de lesa humanidad, que son competencia de este tribunal. Además, se han presentado diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y otras instituciones defensoras de los derechos humanos que denuncian la situación de este país, que está sumido en una crisis humanitaria.

Uno de estos documentos, presentado por un panel de expertos de la secretaría general de la OEA, hace una evaluación de cómo “se habría configurado una situación de comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a partir de ataques generalizados o sistemáticos contra una parte de la población civil de ese país constituida por la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

La carta, amparada en estos informes, señala investigar si se estarían llevando a cabo detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados contra el debido procesos, delitos de los que también serían víctimas los menores de edad.

Ahora, está en manos de la CPI continuar el proceso de investigación al régimen de Nicolás Maduro.