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SuscríbaseAndrés Manuel López Obrador presentó a fines de diciembre un plan para aumentar la protección militar de las instalaciones petroleras y comenzó a restringir el suministro a través de gasoductos que durante años han sido saqueados por delincuentes.
La ofensiva del presidente de México contra el robo de combustible, concebida como un audaz plan para acabar con la corrupción, se ha convertido en una batalla para evitar el caos económico después de que gobiernos estatales, empresas y consumidores quedaron atrapados por la decisión.
Andrés Manuel López Obrador presentó a fines de diciembre un plan para aumentar la protección militar de las instalaciones petroleras y comenzó a restringir el suministro a través de gasoductos que durante años han sido saqueados por delincuentes.
Hasta ahora, el resultado ha sido más de una semana de severa escasez de combustible, gasolineras cerradas y largas filas de automovilistas serpenteando alrededor de las calles de varias ciudades esperando para llenar sus tanques.
El líder izquierdista de 65 años, quien asumió a principios de diciembre, anotaría una victoria monumental si logra terminar con la red de distribución paralela de combustible que el gobierno asegura ha sido gestionada en gran medida con la connivencia de empleados corruptos de la petrolera estatal Pemex.
Sólo el año pasado, el robo ascendió a US$3.000 millones, de acuerdo con cifras oficiales.
La efectiva erradicación del robo sería una noticia bien recibida para Pemex, la petrolera más endeudada de América Latina, que enfrenta el riesgo de recibir una baja en su calificación crediticia. Sin embargo, por ahora la empresa está absorbiendo los mayores costos de transportar combustible por tierra.
Pero el cierre de los ductos, que López Obrador asegura fue planeado en sus reuniones matutinas con su gabinete durante diciembre, tomó por sorpresa a los mexicanos cuando la gasolina comenzó a escasear en algunas de las ciudades más grandes del país.
Funcionarios de tres estados afectados dijeron a Reuters que no fueron advertidos con anticipación sobre el recorte del suministro.
“Había cero coordinación”, dijo Alejandro Guzmán, coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco, un estado en el occidente del país controlado por la oposición donde se encuentra Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México. “Nos empezamos a dar cuenta cuando las gasolineras empezaron a cerrar”.
Guzmán estimó que apenas una cuarta parte de las gasolineras en el lado poniente de Guadalajara contaron con combustibles la semana pasada. Sin embargo, una vez que la escasez se hizo evidente, la nueva gerencia de Pemex comenzó a trabajar con el estado para tratar de atender el problema, agregó.
El gobierno pasó la mayor parte de su conferencia de prensa matutina del lunes hablando sobre su plan. El director general de Pemex, Octavio Romero, dijo que las ventas se recuperaban en las áreas afectadas.
“Pronto vamos a regresar a la normalidad”, comentó López Obrador.
Funcionarios dijeron que tres altos ejecutivos de Pemex a cargo de los ductos estaban siendo investigados y que las cuentas bancarias de más que una docena de sospechosos habían sido congeladas, sin que se dieran a conocer los nombres de ninguno de ellos.
La improvisada ejecución del plan, bajo el cual millones de litros de combustible son entregados diariamente por camiones tanque en vez de a través de ductos, es una nueva prueba de confianza de los inversionistas en López Obrador, quien sacudió a los mercados antes de tomar posesión al cancelar la construcción de un millonario aeropuerto en la capital del país.
La efectiva erradicación del robo sería una noticia bien recibida para Pemex, la petrolera más endeudada de América Latina, que enfrenta el riesgo de recibir una baja en su calificación crediticia. Sin embargo, por ahora la empresa está absorbiendo los mayores costos de transportar combustible por tierra.
Si los problemas de distribución persisten, la industria asegura que instalaciones de producción como plantas automotrices, podrían quedar paralizadas. El banco central ha advertido que los cuellos de botella podrían avivar la inflación y dañar el crecimiento de una economía ya en desaceleración.
El desabastecimiento ha generado un mercado negro para la reventa de gasolina, algo que está siendo aprovechado por personas dispuestas a hacer las filas. En tanto, los usualmente bulliciosos mercados de la capital mexicana se muestran cada vez más silenciosos debido a que los compradores prefieren quedarse en casa para ahorrar combustible.
Adjudicándose la crisis. En sus reuniones diarias con la prensa, López Obrador se ha adjudicado la autoría del plan contra el robo de combustible, pero sus funcionarios no siempre han estado de acuerdo respecto al tiempo que demandará resolver el problema.
El exembajador Andrés Rozental dijo que la controversia por la falta de combustible, a la que llamó la “primera crisis local real” del nuevo gobierno, se sumó a los cuestionamientos previos sobre el estilo de gobernar de López Obrador.
“No hay suficiente comunicación ni suficiente coherencia en la estrategia”, sostuvo Rozental, un diplomático de larga carrera convertido en consultor de negocios.
Dada la complejidad y el costo de proteger miles de kilómetros de gasoductos, algunos analistas consideran que López Obrador tendría que dar marcha atrás antes de que el robo pueda controlarse plenamente, mientras que él asegura que sólo abrirá los ductos cuando estén seguros.
Las encuestas sugieren que López Obrador mantiene el apoyo de la población.
Un sondeo realizado entre el 9 y 11 de enero por la firma Consulta Mitofsky mostró que el 50% de los 1.000 encuestados respaldaba su plan, mientras que el 40% de los participantes quería que el suministro de combustible volviera a la normalidad de inmediato. López Obrador ganó el cargo con poco más del 53% de los votos.
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El desabasto se ha concentrado más en estados gobernados por la oposición. En Guanajuato, un centro automotriz de gran importancia, el gobernador Diego Sinhue dijo a una radio local que casi las 200 gasolineras de León, su ciudad más grande, habían cerrado en algún momento.
En Guanajuato, que alguna vez fue una pacífica región del centro de México, los asesinatos se multiplicaron por 10 entre 2007 y el año pasado, en medio de pugnas entre bandas de criminales por el control de los ductos.
Así que la decisión del gobierno de perseguir a los ladrones de combustible fue bien recibida, dijo José Arturo Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, quien sin embargo calificó de “totalmente irresponsable” la planificación que dejó a los conductores varados.
“No se midieron las consecuencias”, comentó. “Desde hace 50 años, que es lo que yo tengo viviendo en León, no se había visto algo así”.
Sinhue dijo que las autoridades federales no advirtieron al Gobierno de Guanajuato del cierre de los gasoductos, algo que tampoco sucedió con la ciudad de Querétaro, capital del estado vecino del mismo nombre, según el alcalde Luis Bernardo Nava.
