Obama presiona a los campus para combatir los abusos

[Arlette]

• Solo el 12% de los casos se denuncia
• “¿Por qué un violador puede seguir en el campus y nosotras debemos callar?”

Sufrió dos agresiones sexuales. La primera, en el instituto. La segunda, durante su primer año como universitaria. Jasmin Enríquez lidera hoy una ONG que lucha contra los abusos y trabaja con la Casa Blanca en una iniciativa para que las universidades pongan fin a la cultura de impunidad que rodea estos ataques en los campus de todo el país.

Como Enríquez, una de cada cuatro universitarias estadounidenses han sufrido algún tipo de agresión sexual. Y sólo el 12% de los casos es denunciado. Las víctimas atribuyen ese silencio al miedo, la falta de recursos, el miedo a las represalias e incluso a las autoridades de los centros, que pueden llegar a disuadirles de acudir a la policía o ponen en duda sus alegaciones.

En respuesta a la polémica causada por casos recientes en algunos de los centros más prestigiosos del país, el vicepresidente de EE UU, Joe Biden presentó ayer un conjunto de medidas para intensificar la lucha contra los abusos en los campus de todo el país y exigir a sus autoridades que actúen de acuerdo con las normativas.

“No estamos hablando de números ni estadísticas”, declaró Biden durante la presentación de estas medidas. “Estamos hablando de nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestras familiares”. El vicepresidente ha liderado el trabajo de la Casa Blanca durante los últimos meses, creando un conjunto de recomendaciones para las universidades que van desde la realización de estudios y encuestas para conocer la verdadera incidencia del problema hasta la aplicación de las reglas que ya han sido implementadas con éxito en algunos centros y una mejora en los sistemas de consulta y denuncia disponibles para las víctimas.

La legislación estadounidense establece que todos los centros deben hacer públicos los datos sobre abusos, agresiones, crímenes y delitos cometidos dentro de sus campus, bajo amenaza de perder la financiación pública que reciben. Sin embargo, esas cifras no siempre se revelan y, desde la aprobación de esta ley en 1972, el Gobierno nunca ha retirado fondos a un centro por incumplirla.

Durante los últimos años, y especialmente impulsadas por diversas campañas en las redes sociales, numerosas víctimas han reivindicado una mayor implicación por parte de los políticos. Sus objetivos van más allá de acabar con los abusos: quieren terminar con la cultura de impunidad que ha permitido a muchos centros proteger a los supuestos agresores y ocultar agresiones tanto a las autoridades como al resto de la comunidad educativa.

La Administración Obama ha respondido con diferentes gestos, como la inclusión de las agresiones sexuales como una forma de discriminación, así como no informar de un caso de abusos, incitar a las víctimas a que no denuncien el ataque ni tomar medidas para impedir nuevos abusos. Pero las víctimas han seguido reivindicando que el Gobierno debe ir más lejos.

La Casa Blanca les concedió ayer una de sus peticiones: lograr que todas las universidades realicen una encuesta anónima para conocer el número de agresiones en sus campus. Solo así, alegan, podrán aplicarse después medidas eficientes que respondan a la verdadera magnitud del problema.

Entre las medidas también destaca la puesta en marcha de una página web, Notalone.gov, con información y recursos para estudiantes y responsables de centros educativos, números de asistencia y guías sobre los derechos de las víctimas.