La polémica Ley de Sustentabilidad, con la que el Gobierno de Puerto Rico busca recortar gastos, congelar plantillas y revisar convenios colectivos, recibió hoy la aprobación de la Cámara de Representantes, en medio de un ambiente de tensión, azuzado por sindicatos de empresas públicas.
Esta ley de emergencia fiscal finalmente recibió el visto bueno de 26 representantes, frente a 19 oposiciones y 2 abstenciones.
La votación tuvo lugar con las gradas del hemiciclo llenas de sindicalistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una de las mayores y más ruinosas empresas públicas de la isla, que arremetían contra esta ley y quienes la apoyaban.
Precisamente las dos abstenciones fueron de dos legisladores, uno de cada uno de los partidos mayoritarios, que en ambos casos son empleados en excedencia de la AEE, que ejerce el monopolio en la isla.
También hubo protestas -en algún punto agresivas- en el exterior de la sede del Legislativo boricua por parte de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), en línea con los paros que en los últimos días se han repetido por San Juan.
En cualquier caso, y en parte gracias a que el Gobierno ya ha llegado a acuerdos con los sindicatos de organismos dependientes de la Administración central, el seguimiento de estas protestas no es muy multitudinario y no goza de un gran apoyo popular.