Puerto Rico está desde hoy oficialmente en emergencia fiscal, después de que el Gobierno aprobara el martes por la noche una "Ley de Sostenibilidad" que implica todo tipo de ajustes encaminados a atajar la crisis fiscal que vive la isla y que ha puesto en pie de guerra a varios sindicatos de empresas públicas.
El controvertido texto que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convirtió en ley con su firma impone medidas para que, por primera vez en más de dos décadas, la Administración sea capaz de gastar lo mismo que ingresa durante el próximo ejercicio fiscal, que comienza el mes que viene.
El Ejecutivo había presentado un presupuesto recomendado de 9.640 millones de dólares para el próximo año fiscal -del 1 de julio al 30 de junio- y si quiere financiarlo con recursos propios va a tener que ajustarse enormemente en cinturón, con esfuerzos en prácticamente todos los estamentos públicos.
Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., tiene una tasa de desempleo que ronda el 15 % y una deuda de más de 73.000 millones de dólares.
El Gobierno justifica la nueva ley ante la imposibilidad de seguir endeudándose una vez que las agencias de calificación de crédito degradaran el pasado invierno a nivel de "chatarra" o "basura" la deuda de la isla, lo que hace muy costoso acudir a los mercados, tal y como ha hecho en exceso en los últimos años.
La ley trata de poner en marcha una política pública que ataje el déficit y mejore la situación financiera de las empresas estatales, sin recurrir al despido masivo de empleados del sector público, apuntan desde el Ejecutivo.