Además, la agencia de calificación crediticia Standard and Poor’s Global dijo que la adopción “tiene implicaciones negativas inmediatas” para la calificación crediticia del país. Junto con eso, también podría obstaculizar las perspectivas del país de obtener un préstamo de mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que también ha criticado la mudanza en varias ocasiones.
Si eso no fuera suficiente, un queja sobre las compras de bitcoins del gobierno y la construcción de quioscos para cajeros automáticos de criptomonedas serán investigadas por el Tribunal de Cuentas de El Salvador, que supervisa sus recursos públicos. La denuncia ha sido presentada por una organización regional de derechos humanos y transparencia, Cristosal, sobre los procesos de autorización para la compra de bitcoins.