Los denominados paraísos fiscales son regímenes fiscales preferentes. Las personas y/o empresas que los utilicen no son necesariamente delincuentes y no están cometiendo un ilícito al abrir una sociedad en alguno de estos países. Muchas empresas optimizan su rentabilidad abriendo una sociedad off-shore para evitar pagar impuestos a las ganancias abusivos en sus países de origen. Mientras no la saquen de esos países, no se paga ningún impuesto, y es por eso que economías como Panamá florecieron sobre la base de la construcción de viviendas y oficinas con dinero inmovilizado producto de las ganancias fuera de su territorio con un increíble derrame positivo a la clase media y baja.

Apple (AAPL) posee empresas offshore (en este caso, en Irlanda) porque su tratamiento impositivo le permite ahorrar dinero para sus accionistas. El dinero queda allá y no en los Estados Unidos. Una de las obsesiones de Donald Trump, si es que llega a ganar las elecciones, es cómo hacer para que ese dinero regrese y tribute como él cree que tiene que hacerlo.

La elevada presión fiscal (con Argentina y Brasil a la cabeza en Latinoamérica) es uno de los factores explicativos del surgimiento de estas plazas financieras, que han decidido darle protección al dinero originado en otros países: siempre y cuando ninguna actividad sea generada en su territorio, la alícuota de impuestos a las ganancias y a los activos es cero.

Existe una delgada línea entre los derechos de empresas e individuos y las obligaciones como sujetos alcanzados por los impuestos. La elusión no es un delito, pero la evasión sí, la línea aquí también es muy delgada y hay personas encargadas de asesorar en cómo acercarse a ese peligroso límite.

Ahora bien, ese individuo o empresa que se dirige en busca de protección para su dinero en alguno de los distintos paraísos fiscales que aún existen en el mundo, si el motivo es el de no declararlo en el fisco en donde se originó ese dinero, el tema cambia radicalmente. Aquellas personas o empresas que no declaren las utilidades obtenidas en ellas comenten un ilícito y son pasibles de ser sancionados por tribunales impositivos en los países de origen.

El dinero offshore que no es declarado suele ser de cuentas provenientes de países de mercados emergentes, en donde la impunidad es mayor o poseen menos dotación de recursos para la lucha contra la evasión, escapan de la elevada presión fiscal en relación a los beneficios que son devueltos a sus ciudadanos, o incluso puede tratarse del hecho de querer resguardarse frente a la inseguridad. Esas personas o empresas usan los servicios públicos de un país pero no lo retribuyen a la sociedad financiándola bajo la forma de impuestos.

Lo obsceno de todo esto es ver a políticos desnudados frente a la realidad con dinero mal habido o no declarado. La evasión fiscal atenta contra los objetivos de mayor equidad en el mundo, ya que desfinancia a los estados esquivando el pago de impuestos. Es menos plata para educación, salud, vivienda y el progreso de las naciones en donde sí se originó esa renta, aún si proviene de personas políticamente expuestas (“PEPs”).

Pero la línea que ya se ha cruzado con la evasión fiscal con cuentas offshore posee además otros aristas: en muchos de esos casos, el origen del dinero es directamente ilícito en la forma en la cual se generó y el objetivo de eludir el pago de impuestos pasa a un segundo plano frente a la gravedad del origen de los fondos. Dentro de esa categoría se enmarcan las actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico o la trata de blancas, los cuales representan un problema creciente a nivel mundial y que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha avanzado mucho en contener sus alcances y bancarización, apoyada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de lucha contra el terrorismo financiero.

La filtración informativa de documentos confidenciales de los abogados panameños Mossack Fonseca incluye 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada a un periódico alemán que luego compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En los Documentos de Panamá (Panamá Papers) no se ha hecho el análisis de dónde provienen esos recursos y recaen con el mismo peso de la opinión pública aquellos con transacciones legales de las no legales.

Es tal la cantidad de información que fue sistematizada durante un año a través de unas 400 personas de más de 100 medios, provenientes de cerca de 80 países. Se dieron a conocer correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados de cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad, documentos y actas de alrededor de 214.000 sociedades, es decir, un total de 11,5 millones de archivos que contienen el registro de 40 años de los negocios de ese estudio. Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse Group, UBS y Commerzbank son solo algunos de los bancos con los que solía trabajar, y no es de extrañar que el sector tenga una recaída en la cotización de sus acciones.

Panamá es el segundo destino de confirmación de sociedades del estudio. BVI es la primera. Los delitos son básicamente fiscales a través del ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

Hoy en día el poder de la información es enorme. La filtración ya produjo la renuncia del primer ministro de Islandia.

Si las compañías offshore que se constituyen tienen como objeto el resguardar la identidad de los propietarios, es decir los beneficiario finales, hasta allí no hay delito.

Panamá, Suiza y Hong Kong son algunas de las grandes plazas que han acobijado a distintos evasores o dinero ilícito y que han hecho esfuerzos por abrir la información al mundo. ¿Quién sigue? A los diferentes paraísos fiscales se le están sumando los EE.UU., que va en busca del dinero de los estadounidenses en el mundo, pero poco contribuye a revelar si tributan o no los individuos o empresas en sus países de origen que invierten allí. Es en los EE.UU. donde deberían recaer los próximos objetivos de control del dinero ilícito.