Tarrant, que será juzgado el próximo mes de junio, poseía una licencia para portar armas desde 2017 con la que compró cinco, entre ellas dos semiautomáticas para usarlas en la masacre.
En abril del año pasado, el Parlamento neozelandés aprobó, con 119 votos a favor y uno en contra, una ley que prohíbe las armas militares semiautomáticas y los rifles de asalto, con algunas excepciones, así como para los recambios y municiones.
Tras la aprobación de ley, fue organizada una amnistía y recompra entre junio y diciembre de 2019, que resultó en la recuperación de más de 60.900 armas y miles de recambios por un valor de 100 millones NZD (66 millones USD o 59 millones EUR).