Congelar fondos a España castigaría economía e inversión, según eurodiputados

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Congelar fondos estructurales a España por incumplir el déficit castigaría las inversiones en una economía en recuperación, subrayaron hoy los eurodiputados en su primer "cara a cara" con la Comisión Europea (CE), un diálogo necesario para que el Ejecutivo tome su decisión.

Pese a una minoría que sí abogó por "aplicar las normas", los grupos políticos se mostraron mayoritariamente contrarios a que la CE imponga este recorte y pidieron que valore los esfuerzos realizados por España y Portugal, los dos únicos países que se enfrentan al procedimiento de déficit excesivo.

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En este primer encuentro, parte del "diálogo estructurado" previsto en la legislación europea y que se pone en marcha por primera vez, las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Desarrollo Regional trazaron una primera posición, aunque es posible que el diálogo se prolongue.

"No podemos decir que este diálogo concluye aquí, porque no hemos oído cifras concretas ni nombres concretos de programas", afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Roberto Gualtieri, al término de la audiencia pública, el formato elegido por la Eurocámara para esta reunión.

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Conocer más detalles sobre el impacto que podría tener la decisión fue precisamente una de las reivindicaciones que más sonaron en la cámara, dado que el Ejecutivo comunitario no ha dado por el momento ni pistas ni datos concretos de los importes que podría llegar a congelar.

Sí publicó, el pasado julio, una lista de treinta programas que podrían verse afectados, la mayoría destinados a las Comunidades Autónomas y a ámbitos como el empleo o la agricultura.

La comisaria de Política Regional, Corina Cretu, afirmó sin embargo que esa suspensión "no sería una sanción" y que "no tendría un impacto a corto plazo en absoluto".

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Si suspendemos una parte de los compromisos de 2017 esto afectará únicamente a finales de 2020, pero solo si el país no adopta ninguna medida para cumplir", precisó.

Desde el Partido Popular Europeo (PPE), el holandés Lambert Van Nistelrooij dijo que una suspensión "afectaría a los jóvenes" y pidió "apoyar a los países para que puedan presentar sus ajustes", mientras que su compañero sueco Gunnar Hökmark defendió que "las normas están para cumplirlas".

Quienes sí abogaron por aplicar la medida incidieron en que Bruselas se juega su "credibilidad" si decide ser condescendiente con estos países.

El vicepresidente de la CE para el Empleo, Jyrki Katainen, garantizó que "no se perderá ni un céntimo si los países cumplen con las normas".

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Todo está en manos de los Estados miembros", dijo.

El tiempo apremia para España, que tiene que presentar de aquí al 15 de octubre un nuevo presupuesto para 2017, fecha poco realista dada la situación de bloqueo político, aunque Bruselas le ha concedido dos años adicionales, hasta 2018, para reducir su déficit por debajo del máximo del 3 %, a cambio de un ajuste de más de 10.000 millones de euros.

Por ello, la socialista Clara Aguilera pidió a la CE que "si bien debe cumplir las normas, tiene que tener en cuenta la situación particular" de España.

El socialista portugués Pedro Silva Pereira cuestionó la promesa de Cretu y negó que la hipotética suspensión "no vaya a tener impacto".

"Esta decisión retrasaría las inversiones, como si nuestras economías pudieran superar esa sanción", argumentó.

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Desde Los Verdes, Ernest Urtasun criticó que la CE no haya dado ya más detalles sobre los compromisos que podrían verse afectados y consideró que debe evaluarse "el impacto social" de la decisión.

La comisaria aseguró que "las condiciones económicas y sociales se van a tener en cuenta", en particular el empleo, lo que también puede llevar a la CE a "priorizar" si aboga por la suspensión de unos u otros programas.

Katainen dijo que la CE "ha de ser muy cauta" y que "si hay un incendio en un Estado que se puede contagiar a otros, es necesario contenerlo".

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Todo el mundo está de acuerdo en que ambos países han sufrido mucho en los últimos dos años, pero también hemos visto señales de que la economía española está creciendo y para mantener ese rumbo hace falta estabilidad", defendió.

Algunos parlamentarios plantearon la posibilidad de una congelación "simbólica" o incluso "cero", después de que España se librara en julio de una multa que podía haberse elevado hasta el 0,2 % de su PIB (2.200 millones), una propuesta a la que los comisarios no respondieron.

Cretu dijo que trasladará el diálogo con los eurodiputados al resto de comisarios este martes, mientras se espera que la Eurocámara emita una recomendación formal.