El Gobierno español en funciones instó el viernes al Tribunal Constitucional a que anule la resolución del Parlamento catalán para celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña en septiembre de 2017.

El Ejecutivo, a petición de la Abogacía del Estado, solicita que se anulen además todos los acuerdos aprobados recientemente en la cámara catalana, de mayoría soberanista, relativos al inicio de un proyecto de secesión de España.

"Las resoluciones son un paso reiterativo (..) se han adoptado vulnerando específicamente la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015 (sobre) el pretendido proceso constituyente de Cataluña", dijo la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.