Puerto Rico continuará con problemas de liquidez a pesar de los ajustes

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Puerto Rico continuará con graves problemas de liquidez a pesar de los ajustes que ha introducido el Gobierno obligado por una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Washington para solucionar el problema de su millonaria deuda, según fue dado a conocer hoy durante una reunión de esa entidad.

La Junta de Supervisión Fiscal, establecida por la Ley Promesa que fue aprobada el pasado verano por el Congreso estadounidense, al que se supedita como Estado Libre Asociado de EEUU Puerto Rico, celebró hoy su tercera reunión -la primera en la isla-, en la que se criticó el plan con el que el Ejecutivo quiere dar solución al problema de la liquidez y deuda.

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Las críticas de los participantes se suman a una presentación que dio a los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal la consultora Conway MacKenzie, que pronosticó un escenario negativo para el cierre del presente año fiscal a pesar de las medidas del Ejecutivo, que tras las elecciones del pasado día 8 de noviembre cambiará de Gobierno en enero.

La firma de consultoría dio a conocer durante una reunión celebrada en un hotel de Fajardo, municipio de la costa este de la isla, que el Gobierno ha reducido el pago a sus proveedores para compensar la falta de acceso a financiación en los mercados internacionales, cerrados para la isla caribeña tras los impagos de varios vencimientos.

Rogelio García, representante de la consultora Conway MacKenzie, informó a los miembros de la Junta que el Gobierno adeuda a sus proveedores actualmente 1.500 millones de dólares, que se irán pagando gracias a que la Ley Promesa establece una moratoria en el pago a los acreedores

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El Gobierno, según la exposición de la consultora, mantiene operaciones gracias a la moratoria, pero que se trata de un alivio temporal que terminará a mediados de febrero, cuando finaliza ese beneficio de la normativa, lo que hace prever que los problemas de liquidez se agravarán.

Además, el fin de la moratoria significa que a partir de esa fecha los acreedores podrán llevar a los tribunales al Gobierno de Puerto Rico, de lo que queda actualmente a salvo por la Ley Promesa.

La Hacienda de Puerto Rico, al finalizar la moratoria en febrero, presentará un balance negativo de 1.300 millones de dólares que no podrá financiar por la falta de acceso a los mercados de deuda