El constitucional francés invalida el impuesto a los gigantes de internet

[SuperPip]

El Consejo Constitucional de Francia invalidó hoy el dispositivo fiscal que debía entrar en vigor el año próximo para evitar la evasión fiscal de los gigantes de internet que declaran buena parte de su actividad en países o jurisdicciones con bajo nivel de impuestos.

En un comunicado, el Consejo Constitucional hizo notar que el artículo de los presupuestos de 2017 que creaba el conocido como "impuesto Google (NASDAQ:GOOGL)" subordinaba su aplicación a la decisión del fisco francés de llevar a cabo un control específicamente sobre esas multinacionales de la web.

[Elvis_Cardenas]

El "impuesto Google", adoptado por el Parlamento el pasado día 20 con una enmienda a los presupuestos, pretendía dar por supuesto que esas grandes compañías con una actividad "nómada" realizan un negocio estable en Francia, que debe estar sujeto a la fiscalidad francesa, y tenían que ser ellas las que demostraran lo contrario si lo pretendían.

El órgano de control constitucional, sin embargo, censuró esa disposición con el argumento de que la administración fiscal no puede "elegir a los contribuyentes que deben entrar o no en el campo de aplicación del impuesto de sociedades".

Eso, pese a reconocer que el legislador puede "modificar el campo de aplicación del impuesto de sociedades para imponer los beneficios realizados en Francia por empresas establecidas fuera del territorio nacional".

[Elvis_Cardenas]

El dispositivo ahora invalidado fue imaginado por el diputado socialista Yann Galut y luego modificado precisamente para evitar su censura y para obtener el visto bueno del Gobierno, que era reticente a que apareciera como un impuesto específico creado para los gigantes de internet.

El departamento de Hacienda estimaba inicialmente que las potenciales penalizaciones de entre el 40 y el 80 % de los beneficios no declarados en Francia servirían como efecto disuasorio para esos grupos.

Además, había indicado su intención de llevar a cabo controles fiscales de esas empresas por un monto de 2.500 millones de euros.